La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) le advirtió al juez del concurso preventivo de Vicentin , Fabián Lorenzini, que debe notificar a ese organismo cualquier movimiento que, como resultante de ese proceso concursal, pueda derivar en una restricción o distorsión de la competencia en el mercado agroalimentario.
La carta enviada por el titular de la comisión, Rodrigo Luchinsky, tiene que ver con la información "advertida a través de medios periodísticos" sobre el interés comprador del grupo conformado por ACA, Viterra y Bunge sobre los activos y la operación de Vicentin.
La cerealera de Avellaneda transita un polémico proceso concursal, dentro del cual las tres grandes empresas del sector de comercio de granos aparecen como los "interesados estratégicos" con los que negocia la conducción de Vicentin para elaborar un plan de rescate que permita pagarle a los acreedores.
El titular de la CNDC tomó nota de que "al final del proceso", las tres firmas "comprarían casi la totalidad de las acciones" de la compañía concursada, lo cual podría inflingir la ley de defensa de la competencia.
Luchinsky recordó, además, que en la comisión "se encuentra suspendido el análisis de cuatro expedientes en trámite", relacionados con empresas vinculadas directa o indirectamente a Vicentin. Estos son: VFG Inversiones y Actividades Especiales, Industria Agroalimentaria Latam y Argentina Biofueles; Industria Agroalimentaria Latam, Oleaginosa Moreno y Molinos Agro; Renaisco y Baf Latam Crédit, Baf Latam Financia y VFG Inversiones.
La suspensión, dice la carta, fue determinada hasta que se comunique al organismo sobre el levantamiento de diversas medidas cautelares dictadas en el ámbito de investigaciones judiciales que involucran a Vicentin. Es decir, Vicentin tiene prohibido vender activos.
La CNDC intervino por la presentación efectuada por el abogado Franco Dimónaco, con el patrocinio de Gustavo Feldman, que es el apoderado de Olzen Industria, acreedora de Vicentin. Se suma a una investigación iniciada en 2020 a partir de una denuncia de Mario Bosco, un abogado que fue funcionario de la Unidad de Información Financiera (UIF).
