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La causa Vicentín seguirá en manos de la Corte Suprema de Santa Fe

El máximo tribunal reivindicó así las facultades del presidente del cuerpo para pedir la avocación del expediente.

 La Corte Suprema de Santa Fe rechazó el pedido de revocatoria solicitado por la firma Vicentin a la resolución que tomó su presidente a favor de suspender el trámite del concurso.

El máximo tribunal reivindicó así las facultades del presidente del cuerpo para pedir la avocación del expediente, tal cual lo realizó el 16 de junio pasado, en respuesta a un pedido de la empresa Commodities SA, principal acreedor comercial privado de la cerealera que defaulteó por u$s 1.500 millones.

La resolución de la Corte no se adentra en la decisión de fondo sobre el pedido de la corredora sino que avala a su titular, Rafael Gutiérrez, quien a mediados del mes pasado pidió el expediente al juzgado de Reconquista en el que se tramitaba el largo y tortuoso concurso preventivo de Vicentin, al tiempo que apartó al juez Fabián Lorenzini del caso.

"Delimitada la materia recursiva, y sin anticipar decisión sobre la pretensión subsidiaria de Commodities, cabe señalar la amplitud de las facultades previstas en el artículo 22 de la ley 10.160, la sque abarcan no sólo la materia de gobierno sino también atribuciones de índole jurisdiccional", señalaron en el escrito firmado los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi y Mario Netri.

Reivindicaron allí que el decreto de Gutiérrez fue dictado dentro de las facultades conferidas al presidente de la Corte y que no se advierte el "exceso jurisdiccional" alegado por los representantes legales de Vicentin.

La resolución será trasladada a todas las partes involucradas, incluidos el comité de acreedores y la sindicatura concursal. Luego debe dictaminar el Procurador de la Corte y, recién en ese momento, el tribunal decidirá si acepta o no lo avocación.

El 16 de junio pasado, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe intervino el concurso de acreedores de Vicentin. Desplazó al medio al juez Fabián Lorenzini y suspendió los plazos y trámites del concurso. La medida había sido pedido por Commodities SA, también querellante en la causa penal que se sigue en los tribunales rosarinos.

La intervención llegó días antes de que se cumpliera el período de exclusividad del concurso y, según informó la propia Vicentin, cuando la cerealera estaba a punto de obtener las mayorías de acreedores y capital necesarias para pedir la homologación de su propuesta de pago de los acreedores.

La oferta, que contempla plazos de pago de hasta 12 años, quitas de entre 70% y 80% y el traspaso de acciones a un fideicomiso con participación de tres grandes cerealeras que actuarían como socios estratégicos, fue considerada como ruinosa por la empresa que fue hasta la Corte, y también por el Banco Nación, que es el principal acreedor individual.

A fines de junio, Vicentin presentó un escrito ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para solicitar la devolución del expediente que tramita su concurso preventivo de acreedores "al juzgado de origen y el levantamiento de la suspensión de términos".

El escrito fue firmado por Daniel Foschiatti, vicepresidente de Vicentin a cargo de la presidencia, y el abogado Ricardo Gil Lavedra como apoderado de la empresa. "No hay norma legal alguna que autorice a vuestra excelencia a sustraer el expediente de la instancia que le es propia y, de hacerlo, provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social", añadió el texto.

La semana pasada, la cerealera publicó una solicitada en la que apuraba implícitamente al máximo tribunal a tomar una resolución, atendiendo a que, siempre según sus dichos, ya contaba con las mayorías necesarias para someter a proceso de aprobación su propuesta concursal.

Los ministros de la Corte de Santa Fe se abroquelaron ayer en respaldo de su presidente, lo que podría ser un indicio respecto de lo que puede pasar cuando se discuta la cuestión de fondo. Por ahora, se limitaron a ratificar que el jefe del cuerpo está facultado por la ley a hacer lo que hizo.