UPOV 91: El gobierno promete participación de los productores en la reglamentación
En un intento por resolver la creciente tensión con el sector agropecuario, el Gobierno busca encontrar una solución al conflicto generado por el acuerdo UPOV 91 y la controversia sobre el pago por el uso de semillas propias
Tras recientes desacuerdos en materia de retenciones, esta nueva problemática pone de manifiesto la compleja relación entre el Ejecutivo y los productores agrícolas.
Las entidades que representan a los productores han expresado su rechazo categórico a la adhesión al acta UPOV 91. Sin embargo, el Gobierno busca cambiar el rumbo de la discusión, asegurando que la voz de los productores será crucial en el proceso de reglamentación de la norma. La Secretaría de Agricultura enfatiza que la adhesión al acta UPOV 91 no solo protege la propiedad intelectual de los obtentores, sino que también garantiza el derecho al uso propio por parte de los agricultores, un aspecto fundamental que se negociará antes de la reglamentación definitiva.
A pesar de la resistencia, el Gobierno sostiene que la adhesión a UPOV ACTA 1991 es un paso necesario, aunque modificará únicamente el Capítulo V de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha manifestado su preocupación, argumentando que el acceso equitativo a la tecnología genética avanzada podría lograrse de manera más efectiva a través de una Ley de Semillas consensuada.
La Federación Agraria Argentina también ha expresado su rechazo, argumentando que UPOV 91 limita el derecho a uso propio de los agricultores y amplía significativamente los derechos de la industria semillera. La entidad destaca la importancia de no dejar al arbitrio de la industria la reglamentación sobre el uso de la semilla, abogando por una mayor claridad en los términos y condiciones.
En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha prometido que la reglamentación dejará en claro que el uso propio es legal y oneroso para ciertos actores, excluyendo a determinados agricultores del pago por este concepto. Además, se destaca el rol fundamental del Instituto Nacional de Semillas (INASE), bajo la dirección de Claudio Dunan, en la aplicación de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, asegurando que la reglamentación respetará los derechos y necesidades de todas las partes involucradas.