Impuesto inmobiliario rural en Entre Ríos: una actualización con sabor a negociación
En un contexto donde los márgenes del productor agropecuario se siguen ajustando, el Gobierno de Entre Ríos puso cifras concretas a la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural 2025.
El dato sobresaliente: el 90 % de las partidas no superará el 100 % de aumento. Un número que, aunque en principio puede parecer moderado, se interpreta en el sector como el resultado de una negociación con final abierto y más de una advertencia implícita.
El anuncio se formalizó este jueves durante un encuentro encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, junto a representantes de la Mesa de Enlace provincial. Allí se informaron los nuevos topes, los tramos de aumento y una serie de beneficios fiscales que buscan amortiguar el impacto tributario.
Pero detrás de los números hay tensiones latentes. El campo venía insistiendo desde comienzos de año en que cualquier incremento debía ubicarse por debajo del índice de inflación interanual. La referencia era clara: el 118 % acumulado de 2024 no podía convertirse en techo para una nueva presión fiscal.
El peso de los porcentajes
Según lo anunciado, las partidas fiscales se agruparon en diez tramos progresivos. Los cinco primeros verán incrementos de hasta un 99 %, mientras que los cinco siguientes podrán escalar hasta un 115 %. Un total de 73.810 partidas (el 90 %) se mantendrán debajo del 100 %, y más del 99 % no superará el nivel inflacionario.
Desde ATER aclararon que los casos puntuales con subas superiores obedecen a revaluaciones catastrales, unificación de inmuebles o situaciones específicas. Una explicación técnica que, en muchos casos, no termina de conformar a los productores afectados.
Lo cierto es que los avisos de vencimiento comenzarán a llegar a partir del 20 de mayo, y los pagos se concretarán entre el 27 y el 28 de ese mes, dependiendo del dígito verificador de cada partida.
El retorno prometido al territorio
Una de las promesas más reiteradas durante la presentación fue que la totalidad de lo recaudado volverá al campo. Más precisamente, a obras de infraestructura vial rural, que se financiarán a través del llamado "Fondo de Desarrollo y Conservación Vial", el cual quedará identificado en la misma boleta de pago.
Desde la provincia se esforzaron en remarcar que no se trata de un nuevo cargo, sino de una asignación específica. Sin embargo, entre los productores prevalece una mirada pragmática: habrá que ver si la ejecución de esas obras se materializa y si se ajusta a las prioridades productivas.
Alivios fiscales: paliativos o incentivos
En paralelo al ajuste impositivo, el Ejecutivo entrerriano desplegó un paquete de beneficios orientado al agro. Entre ellos se destacan:
Una rebaja del 80 % en el Impuesto a los Sellos para la inscripción de maquinaria agrícola, camiones y vehículos de carga domiciliados en la provincia.
Descuentos de hasta el 35 % por pago anual anticipado, buena conducta fiscal y adhesión digital.
Alícuotas reducidas en Ingresos Brutos para transportistas entrerrianos.
Aunque celebradas por algunas entidades, estas medidas son vistas por otros como "alivios temporales" frente a un sistema que sigue recayendo con fuerza sobre los mismos contribuyentes.
Lo político detrás del tributo
Más allá del diseño fiscal, el gesto político también fue subrayado. "Venimos a acompañar, no a castigar", expresó Bernaudo. Y reiteró que fue el propio gobernador Rogelio Frigerio quien pidió un esquema "previsible, gradual y consensuado".
Desde ATER, Korell aseguró que se priorizaron los tiempos y planteos del sector, incluso ajustando el calendario fiscal a las fechas de cosecha.
Sin embargo, desde las entidades rurales no todos coinciden en el tono celebratorio. Algunas fuentes consultadas en off reconocen que, si bien hubo diálogo, la presión de las bases fue clave para evitar una suba más brusca. "No es lo ideal, pero podía ser peor", resumió un dirigente con presencia en la negociación.
En una provincia que busca mostrar equilibrio entre orden fiscal y respaldo a la producción, el nuevo esquema de Inmobiliario Rural deja una certeza: el campo sigue pagando, y la paz tributaria dependerá, una vez más, de que el compromiso de devolver lo recaudado en obras se traduzca en hechos concretos.