Nuevas voces se suman en defensa del INTA ante posibles cambios impulsados por el gobierno
El Consejo Empresario de Entre Ríos y la Bolsa de Cereales advierten que una reforma por decreto podría debilitar al organismo y poner en riesgo su rol estratégico en el desarrollo agropecuario.
La resistencia a los cambios que el Gobierno nacional analiza sobre el INTA sigue sumando apoyos en el interior productivo. Esta vez, fueron el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) quienes se pronunciaron en defensa del organismo, al expresar su "profunda preocupación" por las versiones que anticipan una inminente reforma estructural mediante decreto.
En un comunicado conjunto, ambas instituciones advirtieron que una modificación de esta magnitud podría "comprometer seriamente el funcionamiento" del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y afectar su histórica capacidad para generar conocimiento científico y tecnológico.
"El INTA ha sido y sigue siendo fundamental para la innovación, la mejora de la productividad, el cuidado de los recursos naturales y el arraigo territorial", señalaron. A través de su extensa red de agencias y estaciones experimentales, el organismo brinda asistencia técnica a miles de productores, cooperativas, escuelas agrotécnicas y comunidades rurales de todo el país.
Tanto el CEER como la BolsaCER coincidieron en que el sistema necesita modernización, pero remarcaron que esto no puede implicar el debilitamiento de su autonomía técnica y operativa, una de las bases sobre las que se construyó el modelo público-privado que caracteriza al INTA.
"Cualquier intento de alterar su esencia comprometerá no solo a los trabajadores del organismo, sino también a las economías regionales que dependen de sus aportes", advirtieron. Por eso, instaron al Ejecutivo nacional a reconsiderar cualquier medida que altere la gobernanza institucional y a preservar el rol estratégico del INTA como motor de desarrollo territorial.
La declaración se suma al respaldo manifestado días atrás por entidades rurales, federaciones de productores y legisladores de distintas provincias, que ya han advertido sobre el riesgo de "desarmar una de las pocas políticas de Estado que la Argentina ha sostenido durante décadas".