Se relanza la licitación de la Hidrovía con auditoría internacional y control tarifario

Vuelve a navegar la Hidrovía. El Ejecutivo nacional reactivó el proceso licitatorio para la concesión del sistema de navegación troncal del río Paraná, con el objetivo de adjudicar un nuevo contrato antes de junio de 2026. El plan incluye auditoría externa de la ONU, mesas técnicas en varias provincias y un diseño que busca evitar los conflictos del proceso anterior.

El corredor es estratégico: moviliza el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites del país, por un valor cercano a 28.000 millones de dólares anuales. Por eso, el rediseño del pliego se trabaja bajo estrictos criterios de transparencia, con un tope de tarifas, exclusión de firmas estatales extranjeras y condiciones que apuntan a una mayor competitividad.

Fiscalización internacional y mesas participativas

Una de las principales novedades del proceso es la intervención de un organismo de Naciones Unidas para auditar cada etapa de la licitación. El monitoreo será total: desde las mesas de diálogo hasta la adjudicación. También se estableció que todo se documente y se publique, como garantía de acceso a la información.

Las mesas técnicas ya pasaron por CABA, Santa Fe y Rosario, y continuarán en Paraná y el NEA. Participan representantes de puertos, provincias, universidades, cámaras, exportadores y usuarios del sistema fluvial.

Tarifas topeadas y concesión más corta

Uno de los cambios más sensibles es la reducción del plazo de concesión, que pasará de 30 a 20 años. A su vez, el nuevo esquema establece que ninguna empresa podrá cobrar un peaje mayor al actual, y se espera que compitan por debajo de ese umbral.

Además, el rediseño contempla mejoras técnicas como zonas de sobrepaso y obras puntuales según informes de prácticos y armadores, con foco en la eficiencia y en reducir los tiempos de navegación.

Sin participación de empresas estatales extranjeras

El pliego mantendrá la cláusula que excluye a compañías con control estatal de otros países. El objetivo, afirman desde el Ejecutivo, es proteger la soberanía sobre una vía crítica para la logística nacional. Toda la operatoria -dragado, peaje, fiscalización- quedará en manos privadas, aunque con control activo del Estado y los usuarios.

Próximos pasos: audiencias, ofertas y adjudicación

Luego de las mesas de julio y agosto se abrirá una audiencia pública. La publicación del pliego técnico y legal está prevista para octubre o noviembre. Las empresas tendrán hasta tres meses para presentar sus propuestas, con el objetivo de adjudicar el contrato en el primer semestre de 2026.

Se espera que participen entre 4 y 5 grandes dragadoras internacionales, posiblemente asociadas con firmas locales.