La ministra de Hacienda de la provincia de Mendoza aseguró que pese a la eliminación de parte del Gobierno nacional del llamado "Fondo de la Soja", la Provincia no verá afectadas sus arcas debido al orden administrativo logrado y a que la disminución de los reintegros a las exportaciones compensará la masa de fondos coparticipables.
Paula Allasino explicó que "hay un orden administrativo y fiscal que permitió presentar un presupuesto 2018 con superávit operativo, nos ha dado una holgura que hará que no nos afecte la quita del Fondo Federal Solidario de la manera que le puede afectar a otras provincias que no hayan ordenado sus cuentas a tiempo. Esta quita viene de la mano de disminuir los reintegros a las exportaciones, lo cual implica que la masa coparticipable va a ser mayor".
Allasino contó que hubo una reunión con el Gobierno nacional en la que se evaluó el impacto de la quita de estos fondos y también "charlamos de un fondo que es destinado al transporte público, un subsidio del Estado nacional a las empresas. En el consenso fiscal se había incluido la disminución. La propuesta del Gobierno nacional es dejar sin efecto este subsidio a partir de 2019".
Intendentes
Por otra parte, Intendentes de pueblos chicos de toda la Argentina criticaron la eliminación del fondo de la soja y advirtieron que esos recursos son vitales para sus comunas.
Esgrimen un argumento legal y otro político: dicen que la quita viola un compromiso del pacto fiscal y, además, que el aumento de fondos de la coparticipación se licuó porque no se cumplieron las proyecciones de inflación, crecimiento y dólar.
La semana pasada, se reunieron en la ciudad de San Ignacio 76 intendentes de Misiones, que firmaron una declaración para instar al Gobierno a reinstaurar el fondo. En el escrito afirmaron que la Casa Rosada incumplió el pacto fiscal. Y que el argumento de que la quita de estos recursos se compensa con mayor coparticipación es falso.
En otras provincias, los reclamos son parecidos. En especial, los intendentes de los rincones más alejados de los grandes centros urbanos argumentan que se quedaron sin la posibilidad de hacer pequeñas obras para hacer una gran diferencia.
El portal LaNacion.com recogió los siguientes testimonios: "Es un ajuste que pagan los municipios, en especial los más chicos; siempre se ajusta por el lado de los que menos tienen y se afecta a los pobladores, porque es plata que no va en obras", dijo el intendente de La Falda, Córdoba, el radical Ricardo Cacho Ardú.
"Es un agujero en nuestro presupuesto; teníamos un crédito porque nos estaban reteniendo fondos, pero adherimos al pacto fiscal y se empezaron a destrabar", dijo Emiliano Fernández, de 34 años, intendente de Gobernador Virasoro (Corrientes).
El fondo tiene un reparto automático, como la coparticipación. No depende de la discrecionalidad política. Ningún gobernador puede favorecer más a un jefe comunal que a otro por el hecho de ser o no partidario. "Es una medida que atenta contra el federalismo", dijo Carlos Sartori, intendente de Campo Grande (Misiones).
Con el dinero del fondo un pueblo chico, típicamente, compra una camioneta (vital para llegar a todos los rincones de un municipio) o una máquina vial, construye un puente sobre un arroyo, hace una plaza o construye viviendas modestas para dar asistencia a familias vulnerables. Son obras de montos chicos, pero de gran impacto en pueblos que tienen apenas 6 o 7 manzanas.
"Además, genera trabajo, porque nosotros fabricamos viviendas con mano de obra local", explicó Daniel Luna, intendente de Candelaria (Misiones), que este año obtuvo recursos por $780.000 entre enero y junio.
