La Declaración de los Ministros de Comercio del G20 dedica los puntos 5 y 6 a las Cadenas de Valor Agroalimentarias (GVC), destacando que constituyen uno de los medios más importantes para alcanzar un futuro alimentario sustentable. Esta iniciativa nace de la experiencia de las Cadenas de Valor Industriales que han servido para impulsar el avance de los países en desarrollo en las últimas décadas.
La transposición de ese ejemplo a la agroindustria debería en teoría mejorar la sustentabilidad, la productividad y disminuir los precios para alcanzar a un número mayor de consumidores. La FAO es el organismo internacional que más espacio le ha dedicado a este tema con el propósito de encontrar nuevas áreas de trabajo.
El desarrollo de las comunicaciones y los menores costos de transporte empujaron la integración vertical de las cadenas de valor industrial. Las empresas pudieron trasladarse a distintas ubicaciones con facilidad para aprovechar los mejores costos y coordinar la terminación o el ensamblado en una tercera localización. El valor determinante de esta integración era la posesión del know-how, orientándose la producción a los mercados externos. Los avances tecnológicos posibilitaron que muchos países en desarrollo se convirtieran en exportadores de productos industriales, entre ellos China, México y los países del sudeste asiático.
Las cadenas de valor agroalimentarias tienen un determinante que las diferencias de sus homónimas industriales. La localización de la materia prima principal es fija, no es trasladable, lo cual otorgaría a los países productores una ventaja para propender a una integración vertical. Sin embargo, esta integración no asegura las posibilidades de exportación que debe complementarse con diseño, marcas, financiamiento y acceso para alcanzar los mercados importadores.
Las cadenas de valor industriales contaron con el beneplácito de los gobiernos para facilitar el comercio mediante la reducción o la eliminación de los aranceles de importación. La importación temporaria para su procesamiento en zonas francas con regímenes especiales eliminando o reduciendo los trámites aduaneros de importación o exportación.
La importación en los grandes mercados compradores también contó con aranceles mínimos con el fin de reducir los costos y garantizar precios bajos a los consumidores. El acceso de la población a esos productos industriales a bajo costo fue considerado un beneficio porque incrementaba el valor real de los ingresos.
Esta etapa de la transformación fue recogida en la Ronda Uruguay, donde los países pujaron por una reducción de los aranceles industriales para facilitar el comercio y por primera vez la protección de las patentes para garantizar los beneficios del conocimiento. La agricultura y sus productos derivados no tuvieron la misma suerte. Este sector fue y sigue siendo considerado una excepción a las reglas generales del comercio.
Los esfuerzos de los países productores durante la Ronda Uruguay para incluir la agricultura y homogeneizar las reglas del intercambio tuvieron un resultado limitado: mientras se prohibían los subsidios a los productos industriales, se aceptó la legalización para la producción agropecuaria. El concepto de excepcionalidad de la agricultura y sus productos volvió a instaurarse con fuerza con el aumento de los precios de las commodities; la justificación es la seguridad, la sustentabilidad, el medioambiente, la cultura e incluso el tratamiento de los animales.
El criterio de aceptar un determinado nivel de autosuficiencia o protección para la población vulnerable justifica las políticas de subsidios y los escalonamientos arancelarios para proteger el procesamiento de las commodities; una integración de las cadenas de valor a partir de materias primas importadas. Esta diferenciación también puede apreciarse en la posición de Estados Unidos, Japón y Unión Europea respecto a la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las propuestas están orientadas a transparentar y eliminar cualquier subsidio estatal a los bienes industriales, dejando de lado toda referencia a sus políticas de subsidios en la agricultura. La discusión en esos términos significaría un golpe muy fuerte para los países exportadores de productos agrícolas.
La asistencia técnica a los países en desarrollo para mejorar los niveles de productividad siempre es positiva, pero las cadenas de valor agroalimentarias deberían incluir también una discusión sobre las prácticas arancelarias para evitar que la protección termine por anular las ventajas para las consumidores. La experiencia de las cadenas industriales no es trasladable automáticamente a la agroindustria y merecería una discusión más profunda para no afectar la producción de las materias primas.