Los candidatos más competitivos para las elecciones presidenciales coinciden en una obviedad: es imposible un gobierno viable sin financiamiento externo. No solo a Mauricio Macri : también a Alberto Fernández y a Roberto Lavagna les resulta inevitable mantener al país dentro del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta premisa introdujo una novedad: las relaciones exteriores están adquiriendo una relevancia inusual en las disputas proselitistas. Otros factores potencian el fenómeno. Es un capítulo central de la laberíntica toma de distancia que Fernández está realizando respecto de la experiencia de su candidata a vicepresidenta. Si se tiene en cuenta, además, la marcada polarización entre las principales potencias, resulta más comprensible que ni siquiera a una dirigencia tan aislacionista como la argentina le sea indiferente la dinámica global.
La discusión sobre el tratado de libre comercio con Europa es solo un signo de este clima. La polémica está por volverse más intensa: Jair Bolsonaro y Macri sueñan con iniciar conversaciones para un acuerdo similar con los Estados Unidos. Otras encrucijadas tienen un sesgo geopolítico. En los próximos días se discutirá si corresponde declarar a Hezbollah organización terrorista. Quizás haya que esperar el anuncio para el 18, cuando se conmemore el 25º aniversario del tristísimo atentado contra la Amia.
Al día siguiente estará sesionando en Buenos Aires una conferencia continental contra el terrorismo a la que asistirá el secretario de Estado de Donald Trump , Mike Pompeo. Los planetas se alinearon para que Macri, en plena campaña, pudiera celebrar el pacto comercial con Europa, que ha sido, desde 2015, la principal obsesión de su gestión externa. Coincidieron dos circunstancias especiales.
La primera es que las autoridades europeas querían terminar su mandato con la firma del tratado. Un objetivo especial de los alemanes que, inspirados en Angela Merkel, exhibieron en Osaka una victoria del libre cambio, frente a un Trump que amenaza con subas de aranceles. El relevo en la conducción de las instituciones de Europa llegó dos días después. Con un cambio significativo para la Argentina: Christine Lagarde triunfó en su carrera por la presidencia del Banco Central Europeo. En la Casa Rosada lo celebraron: "Si nuestro programa con el Fondo, con el que ella quedó tan comprometida, fuera un fracaso, tal vez no habría llegado. Su éxito tiene una relación indirecta con nuestro éxito", se ufanó un colaborador directo de Macri.
El reemplazo de Lagarde inquieta poco en el Gobierno. En parte, porque el interlocutor determinante, que sigue los detalles técnicos del plan, es David Lipton, el representante de los Estados Unidos . En parte, porque sospechan que el nuevo director gerente mantendrá la orientación de la francesa. ¿Volverá a ser un alemán? Hay quienes aventuran algún cambio: miran hacia dos canadienses prestigiosos. Mark Carney, quien termina sus funciones al frente del Banco de Inglaterra. Y Bill Morneu, el ministro de Finanzas de Canadá. Pálpitos. Especulaciones. Poco más.
La otra condición que ha jugado a favor de la ansiedad de Macri por el entendimiento con Europa es la enorme gravitación del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, que es un talibán de la apertura. A diferencia de la gestión de Michel Temer, que especulaba con tironear una última ventaja, Guedes adoptó un criterio general: el proteccionismo del Mercosur es tan asfixiante que su corrección compensa, en el margen, cualquier pérdida. Nicolás Dujovne encontró en su colega un alma gemela.
Guedes rompió la inercia que traía la estrategia brasileña enfrentando a dos compañeros de gabinete. Uno es el poderoso jefe de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, un equivalente de Marcos Peña. Oriundo de Rio Grande do Sul, donde aspira a ser gobernador, Lorenzoni dificultó el último tramo de la discusión en defensa de la hipersubsidiada industria vitivinícola de su región. Se le sumó Tereza Cristina Corrêa da Costa. A pesar de ser ministra de Agricultura, el sector que más se beneficia del tratado, ella intentó resguardar a algunas industrias de alimentos amenazadas por sus eficientes competidores europeos.
Los negociadores argentinos, encabezados por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, encontraron la llave para destrabar esas controversias a favor de Guedes: Eduardo Bolsonaro. Traducido: el "Máximo" del presidente brasileño. Bolsonaro padre se dejó convencer, a pesar de que tenía una restricción importante: hasta que se apruebe la crucial reforma previsional, no puede irritar al Congreso con inquietudes materiales.
Alberto Fernández criticó el acuerdo como "un acto más de irresponsabilidad de Macri". Ilustró su preocupación en "lo que va a pasar con la industria automotriz". Es una intranquilidad inconsistente. Esa industria está liderada por multinacionales que no pierden en ninguno de ambos mundos. Cristiano Rattazzi acaba de demostrarlo al elogiar los autos europeos de alta gama, mientras su empresa, Fiat, realiza una inversión de US$2200 millones en Minas Gerais.
El verdadero freno al proceso de apertura comercial viene del sector farmacéutico. Desde hace tiempo, los laboratorios nacionales contrataron a exdiputados, en general duhaldistas, para hacer lobbying en el Congreso contra cualquier liberalización. Si el viernes pasado, en Bruselas, se firmó el acuerdo, fue porque los negociadores argentinos consiguieron que los laboratorios europeos no exigieran a los del Mercosur que se les pague por las pruebas médicas en las que se basan sus investigaciones y tampoco por las patentes de sus productos.
Aun así, no se puede descartar que los industriales farmaceuticos se opongan al tratado en el Congreso. Tienen con qué. Sobre todo en ese ambiente. Fernández conoce bien esa, llamémosla así, subcultura. Tuvo un rol decisivo, como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, en el acuerdo entre el Pami y esa industria. Formó parte de una tradición escandalosa, que vinieron a romper Macri y Gustavo Lopetegui: la inexistencia de licitaciones para las compras de ese instituto, que fija el precio de los remedios que consumen los jubilados, que son el 40% del mercado. Es decir: fija el precio de todo el mercado.
El candidato de Cristina Kirchner tiene, además, un viejo vínculo con ese empresariado a través de su máximo caudillo: Hugo Sigman. El dueño de, entre otras firmas, el laboratorio Elea facilitó su revista Txt para que Mario Pontaquarto, el arrepentido secretario de las coimas del Senado, confesara su participación en el delito. El incontinente Pontaquarto revelaría más tarde que Sigman le pagó US$18.000 para costear a su abogado y proteger a la familia. La denuncia de los sobornos fue orquestada por Fernández y Daniel Bravo. El mismo militante radical organizó, en 2005, la falsa acusación contra el fallecido Enrique Olivera sobre cuentas en el exterior. Olivera era candidato de ARI. Después de las elecciones, Bravo, quien hace un año también terminó sus días, debió aclarar que ese "trabajo" no se lo había pedido el jefe de Gabinete, que había sido acusado por Elisa Carrió de haber montado la maniobra.
Alberto Fernández suele enorgullecerse de que durante el gobierno de Néstor Kirchner no se perseguía a los adversarios. Es una versión libérrima de la historia, según la cual todo lo repudiable del período fue culpa de su candidata a vicepresidenta. Está cada vez más claro por qué cada socio de la fórmula hace su campaña.
El futuro de la apertura
La discusión comercial está destinada a profundizarse. Bolsonaro, con el impulso de Guedes, aspira a negociar un tratado de liberalización con los Estados Unidos. Los brasileños ven a Macri como un aliado en esta pretensión. Recuerdan que, en febrero pasado, durante la primera reunión bilateral de gabinete, en Brasilia, los argentinos fijaron un principio: "Nos interesa la apertura tanto como a ustedes. Por lo tanto, tenemos que comprometernos a que, si un socio pide un acuerdo comercial, el otro no tratará de sabotearlo".
La jugada de Macri y Bolsonaro es muy audaz. A diferencia de la europea, la economía norteamericana, que cuenta con un gigantesco sector agropecuario, no es complementaria, sino competitiva de la del Mercosur. Lo acaba de probar Trump al adelantar que, como parte de un entendimiento con Xi Jinping , China podría comprar más soja, maíz o cerdo a los Estados Unidos. Una amenaza para proveedores como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Para la controversia local, la iniciativa también es novedosa. Es muy difícil que los laboratorios nacionales puedan conservar sus prerrogativas frente a sus competidores de los Estados Unidos. Ese país cela en extremo la propiedad intelectual, que es su principal argumento en su estratégica disputa con los chinos. Podría haber un aliado inesperado para que los sectores temerosos de la competencia externa se mantengan cobijados: el proteccionismo de Trump.
El empecinamiento de Trump con el comercio tiene otras consecuencias para la política local. La presión de Washington para limitar el avance chino en la región es cada año más sensible. El Gobierno recibió por escrito un pedido de Wilbur Ross, el secretario de Comercio norteamericano, para que la Argentina condene las prácticas comerciales desleales de los chinos. Para Macri, es un inconveniente. Además de tener vínculos personales muy estrechos con la economía de ese país, está muy interesado en conseguir un respaldo financiero de Pekín equivalente a más de US$7000 millones a cambio de ofrecer una oportunidad interesantísima para Xi: que China construya una central nuclear. Sería la primera en un país de mediano porte, lo que le abriría la puerta de otro tipo de clientes. Macri ha transitado su mandato por la "avenida del medio" en el conflicto entre Washington y Pekín. En un eventual segundo mandato, ¿podría mantener esa ambivalencia?
Bolsonaro, en cambio, ya se definió. En Osaka, como Xi lo hizo esperar 20 minutos, lo dejó plantado. "Tengo que cerrar mi cuenta en el hotel", se excusó delante de los aterrorizados funcionarios chinos. Es cierto que Macri no se ha sentido conminado a alinearse con los Estados Unidos en sus relaciones económicas internacionales. Pero hay otro frente, el de la seguridad y la defensa, en el que esperan de él una definición.
La tensión creciente con Irán ha hecho que desde Washington se solicite a la Argentina que, teniendo en cuenta los atentados contra la Amia y la embajada de Israel, declare a Hezbollah organización terrorista. La cancillería local se limitó siempre a calificar de esa manera a los que integran la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los diplomáticos no quieren abandonar esa doctrina. Pero el acuerdo con el Fondo por US$57.000 millones, que habría sido inalcanzable sin el aval de Trump, se suma como un argumento muy tangible a la marca dolorosísima de aquellos dos ataques criminales. El embajador de Israel, Ilan Sztulman, fue explícito. Anteayer, a punto de regresar a su país, declaró que "el riesgo de un tercer atentado en la Argentina seguirá presente si no se incorpora al grupo Hezbollah en la ley como agrupación terrorista".
¿Bolsonaro llegará antes? Tal vez no necesite del antecedente de un atentado. Siempre lleva a su lado a alguien que ya parece su custodio: Yossi Shelley, el embajador israelí, un amigo personal de Bibi Netanyahu. Alberto Fernández se propone, si triunfa, mantenerse en el acuerdo con el Fondo. Sabe que, para hacerlo, también debe tomar distancia de la política exterior de su jefa y candidata a vicepresidenta. Por eso enfatiza su condena al acuerdo con Irán. Habla para Tel Aviv. Pero, sobre todo, habla para Washington. Parece que no alcanza.