Los bancos internacionales a los que Vicentin les debe más de u$s500 millones, y quienes en conjunto son los máximos acreedores de la empresa que entró en default en diciembre pasado, continúan moviendo sus fichas para seguir de cerca su debacle financiera.
En este marco el embajador de Holanda, Roel Nieuwenkamp, le solicitó una audiencia al Gobierno en la que buscaría conocer en profundidad el alcance de la intervención de la compañía. Y su interés no es menor, porque justamente el FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés) se encuentra entre los máximos damnificados de la firma comandada por Gustavo Nardelli y Alberto Padoan.
Lo cierto es que el comité de acreedores extranjeros, conformado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, en ningún momento se quedaron de brazos cruzados a partir del sorpresivo default de la empresa argentina. En febrero, mucho antes de que Vicentin se presentara en concurso de acreedores, hicieron una presentación formal en la Justicia de Estados Unidos para conocer los movimientos económicos de su entramado de empresas.
A partir de que el Gobierno nacional anunciara la intervención de la compañía agroindustrial, el FMO comenzó a establecer contactos con su embajada en el país para que también siguiera de cerca el caso. Otro tanto habría iniciado el banco privado francés, Credit Agricole.
En el sector financiero ya es prácticamente un secreto a voces que los bancos extranjeros no sólo están detrás de cobrar las millonarias deudas que tiene la empresa para con ellos, sino también que están investigando las maniobras financieras de sus dueños, el entramado de empresas que conforman el Grupo y la veracidad de los pre contratos de financiación presentados durante el último año por la firma exportadora.
La banca internacional cumple un rol estratégico en el sector agroindustrial local, incluso estas mismas entidades financieras que integran el comité de acreedores de Vicentin son habituales prestadores de dinero a las principales empresas exportadoras de carne y granos de la Argentina. "Un default de estas características podría redundar en una quita de crédito para toda la agroindustria local", explican en el agribusiness argentino.
Finalmente, ayer comenzaron a ingresar al juzgado comercial de Reconquista -donde se tramita el concurso- las primeras presentaciones de un grupo de acreedores privados que pretende declarar inconstitucional la intervención del Gobierno. Según detallan fuentes cercanas a la causa, estas medidas no encontrarían asidero legal ya que el propio juez que entiende en la causa, Fabián Lorenzini, avaló el rol del subinterventor Luciano Zarich el martes pasado.
Por Yanina Otero
