El futuro del Soy Moratorium, el acuerdo voluntario que limita la compra de soja en áreas deforestadas del Amazonas después de 2008, enfrenta un nuevo desafío. La Corte Suprema de Brasil dictaminó que el estado de Mato Grosso, el principal productor de soja del país, puede retirar incentivos fiscales a quienes se adhieran a este pacto ambiental.
El Soy Moratorium ha sido elogiado por conservacionistas por su rol en frenar la destrucción de la selva amazónica. Sin embargo, la medida enfrenta cada vez más críticas de parte de lobbies agrícolas que buscan expandir las plantaciones para satisfacer la creciente demanda mundial de soja.
La disputa surgió luego de que Mato Grosso, responsable de casi un tercio de la producción nacional, aprobara en 2023 una ley que revocaba los beneficios fiscales para las empresas que adhirieran al moratorium. Aunque la aplicación de la ley fue suspendida provisionalmente, el reciente fallo del Supremo Tribunal Federal cambia el escenario.
El juez Flavio Dino, autor de la decisión, reconoció la importancia del Soy Moratorium como herramienta de conservación, pero subrayó que no puede limitar las decisiones fiscales del estado. Según Dino, Mato Grosso está en su derecho de definir políticas fiscales basadas en criterios distintos a los de acuerdos privados, siempre que respete la legislación nacional.
"Es razonable que el Estado no esté obligado a conceder beneficios fiscales o de uso de tierras públicas a quienes no cumplan con las leyes vigentes tras el acuerdo del Soy Moratorium", escribió Dino en su fallo.
La sentencia deberá ser ratificada por el pleno de la Corte Suprema antes de entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), que representa a los comerciantes de soja, aún no emitió comentarios tras el fallo. No obstante, la entidad había señalado que el caso podría ser una oportunidad para mejorar el acuerdo vigente.
Actualmente, el Soy Moratorium prohíbe las compras de soja provenientes de toda una finca si alguna parte de ella fue deforestada después de 2008. Entre las posibles reformas, se analiza permitir que solo los campos individuales afectados sean vetados, otorgando mayor flexibilidad a los productores.
Por ahora, agricultores y comerciantes no han logrado un consenso. La presión política y económica sobre el Amazonas promete seguir creciendo en los próximos meses.
