La calma habitual en los muelles argentinos se quebró esta semana. Buques amarrados, puertos semivacíos y una actividad paralizada pintan el escenario de una protesta que sacude a la Marina Mercante nacional. La Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) convocó a un paro total de actividades en todo el país, en repudio al Decreto 340/2025, firmado por el Gobierno nacional como parte de su paquete de medidas de desregulación económica.
La normativa, que modifica de manera sustancial el régimen de operación en aguas argentinas, fue recibida con preocupación por amplios sectores del trabajo y la industria. Entre los principales puntos criticados figura la autorización para que buques extranjeros puedan operar bajo matrícula nacional, flexibilizaciones de normas laborales y la eliminación de instancias de control estatal que, hasta ahora, regulaban parte del comercio fluvial y marítimo.
"Este decreto es un retroceso de décadas. Quita al Estado del timón y pone al mercado al mando del río. La soberanía no se regala, se defiende", afirmó un delegado de FESIMAF durante una asamblea en el puerto de Buenos Aires.
Una medida resistida desde los gremios
El paro incluye a remolcadores, buques de carga, transporte de combustibles y embarcaciones fluviales de pasajeros, afectando rutas clave como la hidrovía Paraná-Paraguay, puertos del litoral y enclaves estratégicos como Bahía Blanca y Rosario. La medida se siente también en puertos secundarios del interior, donde el movimiento es escaso o nulo.
Desde la Federación sostienen que el nuevo régimen precariza las condiciones laborales al habilitar una competencia desigual con flotas extranjeras que no se ajustan a las normativas argentinas en materia salarial, previsional y de seguridad a bordo. Además, denuncian que se está "desmantelando" la Marina Mercante nacional, sin debate legislativo ni participación de los trabajadores.
"Estamos frente a un decreto que no solo afecta nuestros puestos de trabajo, sino que pone en riesgo la industria naval argentina y su entramado logístico", señalaron voceros sindicales.
El argumento oficial: inversión y reactivación
Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que el objetivo del decreto es "dinamizar" el sector. Alegan que la flexibilización normativa permitirá atraer inversiones extranjeras, reducir costos logísticos y "reactivar" el transporte fluvial y marítimo, que hoy representa una fracción muy reducida del total de cargas nacionales.
"El sistema actual está estancado. Necesitamos una marina mercante ágil, eficiente, conectada al comercio global", declaró un funcionario del Ministerio de Transporte, quien agregó que la medida se encuadra en una política más amplia de desregulación portuaria.
Soberanía, economía y alerta
El conflicto reabre un viejo debate sobre la soberanía en los ríos y mares argentinos. Para los gremios, el decreto es una cesión encubierta de control a actores privados y multinacionales, mientras que el Estado pierde capacidad de regulación y fiscalización sobre rutas estratégicas para la exportación de granos, energía y minerales.
"Esto no es solo un reclamo laboral. Es una advertencia sobre el destino de nuestros ríos", advirtió un dirigente del Sindicato de Capitanes.
La medida también impacta en sectores vinculados: astilleros, cooperativas, industrias proveedoras y zonas portuarias que dependen de la actividad fluvial para subsistir. Universidades, cámaras navales y algunos legisladores ya pidieron suspender el decreto y convocar a una mesa de diálogo.
Claves del conflicto:
Decreto 340/2025 permite operar con bandera argentina a buques extranjeros.
Elimina controles y flexibiliza normas laborales en el sector.
Gremios denuncian pérdida de soberanía y riesgo para la industria nacional.
Gobierno defiende la medida como una vía para reactivar el comercio fluvial.
