La ofensiva arancelaria de Donald Trump acaba de recibir un fuerte revés judicial. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos resolvió este miércoles bloquear la imposición de los denominados aranceles del "Día de la Liberación", un paquete de medidas que el expresidente intentó imponer de manera unilateral a importaciones de más de 100 países. La Justicia concluyó que el republicano excedió sus atribuciones y violó la separación de poderes establecida en la Constitución.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces con sede en Nueva York, sostiene que la regulación del comercio internacional es una facultad reservada al Congreso y que no puede ser reemplazada por los poderes extraordinarios del Ejecutivo. En palabras del tribunal: "el déficit comercial no constituye, por sí solo, una amenaza inusual ni extraordinaria que justifique una emergencia nacional".
La sentencia surge a raíz de una demanda presentada por cinco pequeñas empresas afectadas, representadas por la organización Liberty Justice Center, y podría sentar un precedente clave en la jurisprudencia comercial de Estados Unidos. El tribunal también cuestionó el uso que Trump hizo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), aprobada en 1977, y que el expresidente invocó como base legal para avanzar con su iniciativa.
Un plan de alto impacto
Anunciados el 2 de abril en un acto público en la Casa Blanca, los aranceles de Trump consistían en un tributo básico del 10% sobre la mayoría de las importaciones, con incrementos más severos para países como China y miembros de la Unión Europea. El argumento: déficits comerciales persistentes y supuestas amenazas a la seguridad económica, entre ellas el narcotráfico.
El impacto en los mercados fue inmediato. La medida generó volatilidad global, tensó relaciones diplomáticas y motivó la presentación de al menos siete demandas en diferentes estados, encabezadas por Oregón. "Esta sentencia reafirma que nuestras leyes importan, y que las decisiones comerciales no se toman por decreto presidencial", aseguró el fiscal general de ese estado, Dan Rayfield.
Entre la política y la legalidad
La administración Trump sostiene que el Congreso carece de potestad para juzgar la motivación presidencial en declaraciones de emergencia, y remite a antecedentes como los aranceles de Richard Nixon en 1971. Pero el fallo reciente refuerza un principio básico del derecho estadounidense: el presidente no puede dictar unilateralmente la política comercial, especialmente en ausencia de una emergencia comprobada.
El fallo también vuelve a poner en foco el vínculo entre la política y los negocios. Mientras la Casa Blanca defiende los aranceles como herramienta para equilibrar el comercio, sectores productivos y académicos cuestionan su eficacia y alertan sobre sus efectos colaterales. Entre ellos, la pérdida de competitividad, el encarecimiento de insumos y el deterioro de relaciones clave.
Próxima parada: apelación
Se espera que el Gobierno republicano apele la decisión ante instancias superiores. La batalla judicial apenas comienza, pero el fallo de Manhattan ya representa un hito: pone límites al uso discrecional de los poderes presidenciales en comercio internacional y plantea una discusión más amplia sobre la forma de resolver desequilibrios estructurales sin caer en medidas unilaterales.
Por ahora, los aranceles del "Día de la Liberación" quedan en pausa. Y con ellos, también la idea de que un presidente puede reescribir las reglas del comercio global por su cuenta.
