CARBIO apoya los mecanismos de competencia introducidos en Proyecto Ley del Poder Ejecutivo Nacional- Sección IV - Ley N° 27.640, Biocombustibles, enviado al Congreso el pasado miércoles 27 de diciembre, en cuanto a la derogación del establecimiento de precios, distribución de cupos de abastecimiento a productores por parte de la autoridad de aplicación y otras intervenciones de mercado establecidas en la actual ley 27.240, mediante las cuales se impedía la posibilidad que todos los actores de la cadena pudieran participar en el abastecimiento de biodiesel para el corte en el mercado interno.
Esta apertura seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor.
Entendemos que este proceso es similar al que llevan a cabo el resto de países en la región y el mundo, pero remarcamos algunos puntos que se deberían considerar en la redacción final:
· La libre importación de biodiesel o materias primas para la elaboración de biodiesel, ahora permitidas, deben contar con la debida cláusula de reciprocidad con el resto de los países en cuestión.
· Entendemos importante se introduzca una política de "convergencia" con el Mercosur en cuanto a los mandatos de biocombustibles (especialmente con Brasil) en virtud de la integración y similitud que se pueda tener en el parque automotriz, y agroindustrial, por lo cual se puedan establecer cortes obligatorios de Biodiesel del 14% para este año 2024 y elevarlo al 15% para el 2025, pudiendo la autoridad de aplicación establecer un mínimo (en casos excepcionales y justificados) del 10% y elevarlo cuando se necesite acorde a las políticas de transición energéticas a adoptarse.
· Se debería corregir asimismo en el proyecto de ley, el artículo que elimina la no gravabilidad de los biocombustibles sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), establecido en la actual ley 27.240, hecho que igualaría a los biocombustibles con los combustibles fósiles en cuanto al objeto de estos impuestos, que es precisamente gravar aquellos combustibles que más contaminan y promover de ese modo una matriz energética más limpia sin premiar a los biocombustibles menos contaminantes que los reemplazan.
Consideramos que este punto se debe modificar de modo tal de reconocer taxativamente el aporte a la reducción de CO2 que realizan los biocombustibles. Esto sin desmedro que se pueda introducir a futuro un mercado de créditos de Carbono que premie las inversiones en reducción de emisiones que cada compañía o sector pueda realizar.
El Presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta considero que "es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre .
Esa situación merma la competitividad de nuestra economía y es pagada por todos los habitantes de nuestro país. El proyecto de ley actual soluciona esta inequidad, le dará al consumidor un biocombustible de calidad y a precios razonables, promoviendo una industria competitiva y sustentable".
Las empresas socias de CARBIO representan el 70% de producción de biodiesel en Argentina, y el 100% de las exportaciones argentinas. El sector emplea a 3500 personas directamente, pero sumando a la industria de la molienda de soja se llegan a 22.500 directas y 53.500 indirectas.
Sin embargo, con el actual marco normativo, no permite la competencia y las empresas exportadoras tienen prohibido abastecer el mercado interno y por lo tanto se pierde la posibilidad de desarrollo tecnológico y de escala que permita tener biodiesel de mejor calidad a precios más competitivos para el consumidor argentino.
