Los jueces, que acaban de exhibir sus diferencias en una reñida elección para el Consejo de la Magistratura, cerraron filas en contra de la decisión del Congreso de colocar en el presupuesto 2023 un artículo para que los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público paguen el impuesto a las Ganancias.
Según pudo constatar LA NACION, todas las listas de la Asociación de Magistrados, desde las más críticas a las mas cercanas al Gobierno, empezaron a pedir entrevistas con los legisladores de distintas bancadas para explicar su postura contra esta decisión, aunque también barajan alternativas para dialogar.
En 2017 cambió la ley para que los nuevos jueces, secretarios y empleados que ingresen a la Justicia paguen el impuesto a las Ganancias. En la actualidad hay unos 300 magistrados, fiscales y defensores que lo pagan y unos mil secretarios y funcionarios que también tributan ese 35 por ciento de impuesto.
Pero la queja generalizada es que ese descuento de Ganancias se realiza sobre la totalidad del salario, incluidas compensaciones que se dan porque los jueces no pueden tener otro empleo, o porque se les descuenta sobre lo que pagan de aportes jubilatorios, un ítem que llega al 18 por ciento, más que el resto.
Por eso, una posición que podrían discutir en el Congreso es que se les de el mismo régimen que tienen los legisladores, es decir que se pague Ganancias sobre el salario básico, no sobre los suplementos. Además, estarían dispuestos a conversar la situación de los jueces previos a 2017, que no pagan el tributo por ningún concepto.
Actualmente hay unos 300 jueces los que pagan y unas 200 vacantes, por lo que los que no pagan son menos de la mitad, de un total de cerca de 700 magistrados nacionales y federales de todo el país.
Los jueces tenían noticias desde hace dos semanas que el diputado entrerriano Marcelo Casaretto tenía esta idea de incorporar un artículo en el presupuesto para que los jueces paguen Ganancias. Pero consideraban hasta ese momento que era un "lobo solitario" y que no había conseguido consenso. Sin embargo, en los últimos días el legislador oficialista lo obtuvo.
"El malestar que generó es impresionante a todo nivel", dijo una alta fuente de la Asociación de Magistrados, que relató que la lista Bordó entiende que es parte de las hostilidades del Gobierno con la Justicia. De hecho, el sector firmó un comunicado en el que manifiestan su preocupación y afirman que se trata de "una maniobra del partido del gobierno para atacar la independencia judicial y presionar a los jueces".
A su vez, la lista Celeste trajinó los celulares de los funcionarios del gobierno para buscar información y averiguar si detrás de Casaretto había una movida mayor que buscaba perjudicarlos. "Nadie se hace cargo", dijo una fuente, que entendió que se trata de "una locura". Los que funcionarios les dijeron que no era una idea del Gobierno, sino del Congreso. En ese marco, el sector emitió un comunicado en el que dijo que "el salario no es ganancia y la independencia judicial no se negocia".
Mientras que Compromiso Judicial, la tercera lista, emitió su propio comunicado en el que rechazó la iniciativa, dijo que es confiscatorio pensar en un 35% de descuento más el 18% de jubilaciones; y rescató que el sector presentó proyectos que tienden a una manera mas igualitaria para pagar este tributo.
Uno de los jueces consultados por este medio recordó que en un momento se había planteado la idea de colocar en el presupuesto un artículo para cobrar Ganancias a todos los jueces, pero que se dejó de lado porque se da la posibilidad de que alguno de los jueces afectados presente un recurso de amparo contra la ley de presupuesto y se caiga la aplicación de toda la norma. Por eso, advirtió que se trata de un tema para debatir en una ley específica.
Por Hernán Capiello
