Los aceiteros, otro gremio que se opone a la flexibilización laboral propuesta por Milei: "Consideran que es un aberración jurídica"
En este caso, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) se suman a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) en rechazar el DNU, calificándolo como "gravemente inconstitucional e ilegítimo".
Ambos sindicatos expresaron su preocupación por las implicaciones del decreto en los derechos fundamentales de los trabajadores argentinos, destacando que atenta contra el derecho a la huelga y introduce de manera antidemocrática una reforma laboral que afecta más de 300 leyes. Enfatizaron que no hay una justificación válida para imponer una reforma laboral regresiva, que, según ellos, intenta socavar los logros obtenidos por el movimiento obrero a lo largo del tiempo.
La crítica se centra en el intento del DNU de retrotraer las condiciones laborales a épocas pasadas, donde el poder del capital predominaba sin restricciones, y se denunció la violación de la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.
Además, se destaca la preocupación por la categorización de ciertas actividades económicas como "esenciales" y "trascendentales". Esto afectaría la participación en asambleas y reclamos, limitando el porcentaje de empleados disponibles para sumarse a estas acciones. Aunque el decreto no especifica qué actividades entrarán en estas categorías, se menciona la posibilidad de incluir la industria aceitera y desmotadora de algodón.
FTCIODyARA señaló que el DNU impacta negativamente en la realización de asambleas, los derechos patrimoniales de los sindicatos y la negociación colectiva. También se critican cambios en el período de prueba y la eliminación de indemnizaciones por trabajo no registrado, afectando a los trabajadores que han atravesado relaciones laborales sin debida registración.
En un plano internacional, se argumenta que el DNU viola el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como tratados de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que podría acarrear responsabilidad internacional para el Estado Argentino.
Ante esta situación, los sindicatos demandan una respuesta institucional por parte del Congreso Nacional para rechazar y declarar nulo este decreto, considerándolo un atropello al sistema democrático vigente en el país.
