Economia

Milei disuelve fondo para protección de bosques nativos y otros fideicomisos por ineficiencia operativa

Esta medida fue justificada por presuntas irregularidades detectadas y falta de operatividad, según un informe de la SIGEN. El fondo destinado a los bosques nativos, que había recaudado más de $4.000 millones en el primer semestre de 2024, apenas ejecutó el 7,6% de esos recursos.

9 Oct 2024

El Gobierno Nacional, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, junto con otros dos fideicomisos: el Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo Fiduciario Progresar. Esta medida fue justificada por presuntas irregularidades detectadas y falta de operatividad, según un informe de la SIGEN.

El fondo destinado a los bosques nativos, que había recaudado más de $4.000 millones en el primer semestre de 2024, apenas ejecutó el 7,6% de esos recursos. La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo de cerrar estructuras que, según el Gobierno, han demostrado ineficiencias.

Los fondos fiduciarios bajo la administración del Estado nacional gestionaron recursos por $1,5 billones en 2023, en lo que ha sido descrito como un "presupuesto paralelo", ajeno a los controles habituales de las partidas del presupuesto general. Durante los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández, estos fondos acumularon ingresos por $2,9 billones, sin ajustes por inflación.

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), presentado a la Jefatura de Gabinete en septiembre pasado, reveló graves deficiencias en la administración de estos fideicomisos. Entre los principales problemas, el documento señala la falta de transparencia en la asignación de subsidios y financiamientos, así como la ausencia de información confiable y actualizada para permitir una adecuada fiscalización de los estados contables.

Además, el informe advierte sobre la limitada información disponible respecto al impacto de las políticas públicas financiadas por estos fondos, la falta de mecanismos que garanticen la legalidad y transparencia en las compras y contrataciones, y las fallas en los procesos de fiscalización que dificultan el recupero de los recursos asignados.

El estudio, elaborado en agosto de 2023, analizó auditorías de 23 de los 29 fondos fiduciarios contemplados en el presupuesto nacional, revelando la necesidad de mejorar los controles sobre estos recursos públicos.

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