La segunda cuota del impuesto inmobiliario rural sorprendió esta semana a productores de la provincia de Buenos Aires con un aumento promedio del 9,4%, pese a que no existe una ley impositiva vigente para el ejercicio 2025. La decisión, ejecutada por el gobierno de Axel Kicillof, encendió las alarmas en el campo y generó fuertes críticas desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
El malestar se instaló rápido entre chacareros y dirigentes rurales, que acusan al Ejecutivo bonaerense de avanzar sobre potestades legislativas sin aval legal. "No hay ley fiscal 2025. Se prorrogó la de 2024 por decreto, incluyendo facultades que el Gobernador no tiene por sí mismo", explicó Pablo Ginestet, referente de Carbap.
Según el dirigente, la primera cuota de este año mantuvo los mismos valores nominales que el año pasado, lo cual fue interpretado como una señal de continuidad "dentro de lo lógico". Sin embargo, la sorpresa llegó con la segunda cuota, que ya vino con aumentos aplicados.
El decreto de la discordia
El punto más controvertido, según Ginestet, es que el Ejecutivo no solo extendió los montos y parámetros de 2024, sino que también prorrogó facultades excepcionales que le había delegado el Legislativo en su momento, como la potestad de fijar aumentos en función de la inflación. "Se autoprorrogó funciones. Lo hizo por decreto, sin una ley que lo respalde. Es una situación inédita y, a simple vista, cuestionable desde lo legal", remarcó.
Desde Carbap advierten que esto abre un vacío jurídico preocupante, porque no existe un presupuesto provincial aprobado ni una ley fiscal que respalde los tributos que se están cobrando. "Están recaudando sin un marco claro. Estamos pagando impuestos sobre un gasto que nadie sabe cuál es", denunció el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky.
Más allá del inmobiliario rural
Los aumentos también alcanzaron a otros tributos como el inmobiliario urbano y las patentes, bajo el mismo argumento: una cláusula prorrogada que permite ajustar los valores por inflación.
"No es solo un problema de campo. Es una señal de desorden institucional que termina afectando a toda la ciudadanía", señalaron desde la entidad ruralista.
Además, Kovarsky mencionó que hay incertidumbre sobre la continuidad del esquema de cuotas. "El año pasado la quinta cuota del inmobiliario se cobró junto a la cuarta. Hoy no hay definiciones. Todo se maneja con discrecionalidad", aseguró.
El otro frente: ingresos brutos
Carbap también puso sobre la mesa un tema no menor: la falta de actualización de los mínimos no imponibles en Ingresos Brutos, lo que según la entidad está provocando que muchas personas físicas y jurídicas queden alcanzadas por el tributo de manera injusta.
"Esto también es parte de una política fiscal que se vuelve cada vez más agresiva y menos equitativa. La carga tributaria crece sin discusión legislativa, sin presupuesto y sin transparencia", concluyeron.
Mientras tanto, el reclamo crece y los productores bonaerenses piden una revisión urgente del esquema fiscal vigente, tanto por legalidad como por previsibilidad económica.
