En el procedimiento en la localidad santafesina de Pérez detectaron que la empresa exportadora que pretendía despachar los granos a Uruguay no poseía la capacidad financiera necesaria para justificar la compra de los mismos, al tiempo que no pudo acreditar la adquisición o tenencia de la carga que intentaba comercializar en el exterior.
Las 300 toneladas de maíz partido equivale a la carga de 8 camiones.
Entre las irregularidades se constató que la firma no se encuentra inscripta en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a fin de evitar informar las cuentas bancarias con las que opera a partir de su actividad comercial y los ingresos de divisas , entre otras cosas.
El organismo conducido por Carlos Castagneto intensificó controles ante la sospecha de mayor existencia de granos que los declarados, tras las alarmas ante la baja recaudación fiscal de febrero respecto de los derechos de exportación.
En tanto que en Córdoba , luego de controles realizados sobre operadores de la cadena agroindustrial, se realizó ajustes impositivos por $11.400.000 tras detectar inconsistencias en la no declaración de existencias de granos respecto del impuesto a las ganancias y bienes personales.
Correspondían a la no declaración de 181 toneladas de maíz, 31 toneladas de soja y la subvaluación de sementeras de soja y maíz de 950 hectáreas explotadas.
La fiscalización se realizó en la localidad de La Laguna, en el sur de la provincia de Córdoba, con la detección de un camión sin la documentación respaldatoria y continuó con el control de las existencias de granos en campos ubicados en La Carlota, de la misma provincia.
