La Cámara de Senadores de Salta aprobó por unanimidad la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio de Aguaray, en el norte de la provincia, cuyo intendente, Jorge Prado, es investigado por la justicia federal por el supuesto robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA).
"El extremo de gravedad institucional se encuentra acreditado en este caso, porque está realmente comprometida la paz social del municipio por la gravedad de los delitos que se le imputan al intendente, por lo notorio y evidente de las pruebas que existen en su contra y porque se encuentran comprometidas las instituciones básicas del municipio", expresó el senador por el departamento Rosario de la Frontera, el justicialista Javier Mónico.
Mónico fue el miembro informante de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional que elaboró el dictamen con el que el proyecto llegó a su tratamiento.
"Este proyecto llegó con media sanción de la Cámara de Diputados y se ha acumulado a otro de los senadores Manuel Pailler, Guillermo Durand Cornejo y quien les habla, y hemos dictaminado a favor de su aprobación", explicó Mónico.
Aseguró que hubo "un profundo análisis, con el respeto que merece cada uno de los vecinos de Aguaray y de toda la provincia", y comentó que "somos respetuosos del sistema federal, de la descentralización del poder, de la autonomía municipal y de los derechos de los ciudadanos de elegir con su voto a sus gobernantes".
"No obstante, nuestro esquema institucional y nuestra organización política prevén algunas herramientas para situaciones extremas, extraordinarias y de gravedad institucional", incluidas en el artículo 179 inciso 2 de la Constitución salteña.
Para Mónico, las imputaciones a Prado, que investiga el fiscal federal Eduardo Villalba, "tienen que ver con el avasallamiento y la falta de respeto sobre los bienes del Estado".
"A poco de asumir, el intendente disponía de casi 35 kilómetros de caños de una obra del Estado Nacional para la construcción del Gasoducto del NEA", señaló.
Y el senador Pailler amplió que "el intendente ha llevado a cabo un acto administrativo unilateral, de manera clara y manifiesta, mediante la cual dispuso de bienes patrimoniales del Estado nacional que tenían la finalidad de la construcción del Gasoducto del NEA y que fueron extraídos y utilizados en funciones completamente distintas a las establecidas".
El senador del Frente para la Victoria dijo que Prado "se extralimitó en sus funciones con una simple resolución municipal firmada por él y su secretario de Hacienda, sin el consentimiento del Concejo Deliberante y sin consultar a los gobiernos provincial o nacional".
El proyecto que dispone la intervención de Departamento Ejecutivo del municipio de Aguaray hasta el 10 de diciembre de 2021 fue sancionado por unanimidad, por los 22 senadores presentes y elevado al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Prado, su secretario de Hacienda y varios empresarios fueron imputados en la causa que investiga desde febrero pasado el robo de caños del Gasoducto del NEA. La acusación es por "fraude a la administración pública".
Fuente: Telam
