Este jueves, se llevó a cabo una nueva reunión en la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, en el barrio porteño de Congreso, pero las partes no lograron acercar posiciones, dejando en suspenso la posibilidad de una solución en el corto plazo.
El conflicto se originó el pasado 6 de agosto, cuando el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (Ftciodyara) iniciaron un reclamo por un incremento salarial. El lunes 12 de agosto, el gobierno intervino dictando la conciliación obligatoria, que estaba prevista a finalizar el próximo lunes, pero que ahora se ha extendido para dar más tiempo a las negociaciones.
Tras la reunión de este jueves, el gremio aceitero reiteró su demanda de un aumento del 26%, mientras que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportadores de Cereales (CEC) insistieron en su oferta inicial: un aumento del 12% en julio y un 5% adicional en septiembre, lo que consideran suficiente para mantener los salarios por encima de la inflación proyectada.
Desde la industria, señalan que los salarios de los aceiteros ya han recibido un incremento acumulado del 77% hasta diciembre de 2023, un esfuerzo que, según afirman, supera los márgenes financieros que la industria puede sostener debido a las dificultades en las operaciones de exportación.
A pesar de las diferencias, ambas partes manifestaron su disposición a seguir dialogando, con una nueva reunión programada para la próxima semana en Rosario. La industria confía en que se puedan alcanzar acuerdos similares a los logrados en otras revisiones paritarias, que han cerrado con porcentajes menores a lo propuesto en este caso, pero acordes con la situación económica.
El conflicto ha tenido repercusiones más allá de las negociaciones, provocando demoras millonarias en las operaciones portuarias durante los días de paro. Se calcula que las pérdidas para los camioneros superaron los 500 millones de pesos, mientras que los buques paralizados incurrieron en multas por más de 50.000 dólares diarios.
En un escenario donde la presión inflacionaria y las demandas salariales siguen escalando, la resolución de este conflicto es crucial para evitar nuevas interrupciones en un sector estratégico para la economía argentina.
