El Gobierno argentino prorrogó por el término de 365 días la emergencia económica, productiva, financiera y social de la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
Así lo determinó a través del decreto 517/2018 publicado hoy en el Boletín Oficial.
La emergencia había sido dispuesta en diciembre de 2017 a través de la ley 27.354, donde se contemplaba que los beneficios impositivos permitirán a los integrantes de la cadena de producción de peras y manzanas de las citadas provincias recomponer su situación económica y financiera.
No obstante, "la coyuntura actual determina la conveniencia de prorrogar la vigencia de esta ley y sus modificatorias, a fin de continuar con el proceso de recuperación".
Asimismo, en el decreto se incluyen esta vez los actores de la cadena productiva que prestan servicios de frío, que no habían sido contemplados en la legislación anterior.
Repercusiones
El secretario de Fruticultura del gobierno de Río Negro, Carlos Banacloy, aseguró que la prórroga por un año de la emergencia en ese sector "da el oxígeno que realmente necesitaba" la actividad.
La prórroga -dijo- sirve para replantear temas claves, "como los episodios del granizo de las últimas temporadas y la incorporación de tecnología, que es muy necesaria para el sector", apuntó.
"Este es un año atípico con bastante imprevisibilidad en los mercados y en el tipo de cambio; históricamente las devaluaciones trajeron al Valle un oxigeno pero a corto plazo, ya que eso arrastra un aumento de tarifas, de las materias primas y de los recursos necesarios para el sector, como los combustibles", consideró.
Banacloy sostuvo que "las fluctuaciones económicas las vivimos durante muchos años y vimos que las economías regionales toman un respiro, pero a los seis meses se vuelven a sentir en la misma situación porque la inflación le pega a toda la estructura de costos y de paritarias".
El decreto específica que "se podrán instrumentar regímenes especiales de prórroga y de facilidades para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)".
