Las indagatorias a los 14 directivos de la compañía al momento de los hechos investigados -algunos ya no forman parte del directorio- se iniciarán el 1 de noviembre próximo y se extenderán hasta el 20 de diciembre
Los informantes añadieron que los directivos investigados ya habían sido embargados en 2021 por $111 millones, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Resistencia y por la Casación Penal.
Las indagatorias a los 14 directivos de la compañía al momento de los hechos investigados -algunos ya no forman parte del directorio- se iniciarán el 1 de noviembre próximo y se extenderán hasta el 20 de diciembre, explicaron a Télam voceros judiciales.
La causa que tiene Alurralde se inició en agosto de 2020 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El organismo detectó "operaciones con 54 proveedores apócrifos" mediante facturas presuntamente truchas "en las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (crédito fiscal) correspondiente a los períodos 01/2016 al 10/2018", según el fallo de la Cámara chaqueña que confirmó el embargo dictado por Alurralde.
El perjuicio para el Estado por la devolución de IVA a las exportaciones de Vicentin fue calculado por el organismo recaudador en $111.637.479, equivalentes al monto establecido por la Justicia para el embargo de bienes.
Entre los citados a indagatoria se encuentran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.
Los mencionados fueron imputados en octubre del año pasado por el fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, por presuntas estafas y defraudación por un monto de U$S 500 millones, en el marco del concurso preventivo de la aceitera santafesina.
La denuncia de la AFIP, ampliada en abril de 2021, pedía investigar una supuesta maniobra fraudulenta detectada gracias al trabajo conjunto de las distintas áreas especializadas del organismo durante una fiscalización realizada sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 proveedores considerados apócrifos.
La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.
El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería, señalaron fuentes judiciales.
De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.
Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos, añadieron los voceros.
