Daniel Quindt, quien compró su campo hace 30 años, fue víctima de violencia y robo por parte del movimiento Mocase Vía Campesina. A pesar de tener todos los documentos en regla, el Estado no ha brindado respuestas ni protección.
En los últimos años, las usurpaciones de tierras en Santiago del Estero se han convertido en una preocupante realidad. Tanto pequeños como medianos y grandes productores han sufrido la pérdida de sus propiedades, junto con la destrucción de viviendas, maquinaria y robo de animales. Esta problemática parece no tener fin, mientras los afectados aseguran que las autoridades estatales no hacen nada para evitarlo y, en algunos casos, permiten que los invasores actúen impunemente.
Uno de los afectados es Daniel Oscar Quindt, un productor rural de 60 años que adquirió un campo de 100 hectáreas en la zona de Quebrachitos, cerca de Pinto, hace tres décadas. Con mucho esfuerzo, Quindt dejó el Conurbano bonaerense para vivir en la ruralidad y construir su vida en ese terreno. Sin embargo, su sueño se convirtió en una pesadilla cuando miembros del Mocase Vía Campesina lo atacaron brutalmente y se apropiaron de su propiedad.
Daniel recuerda cómo, poco a poco, fue adaptando el terreno a sus necesidades, limpiándolo y construyendo su hogar y sus instalaciones con dedicación. A medida que se asentaba en su nueva vida, también trabajaba en un establecimiento lindero para generar ingresos adicionales. Pero en el año 2000, un grupo de hombres pertenecientes al Mocase Vía Campesina llegó al establecimiento y comenzó a amedrentar a los empleados, hasta que finalmente se apoderaron del campo.
Desde entonces, Daniel ha sufrido el constante deterioro de su propiedad, con roturas de alambrados y robo de animales. A pesar de los intentos por mantenerse en su terreno, tuvo que abandonar su hogar rural por cuestiones de seguridad y trasladarse al pueblo. Sin embargo, cada fin de semana regresaba al campo para mantenerlo en buenas condiciones y disfrutar de momentos en familia. Pero incluso ese pequeño respiro fue interrumpido cuando un grupo del Mocase Vía Campesina cerró las tranqueras con alambres, declarando que el campo ya no le pertenecía.
Desesperado, Daniel buscó ayuda en la policía, pero sus reclamos fueron en vano. Las órdenes judiciales para intervenir en la situación brillaban por su ausencia, y el Mocase Vía Campesina parecía tener influencia en todos los ámbitos del poder local. Las promesas del gobernador Zamora de resolver la situación tras las elecciones quedaron en el olvido, dejando a Daniel y a otros productores en un estado de impotencia y abandono.
