.En el marco de la política de desregulación y achicamiento del Estado que impulsa el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional dispuso la eliminación de seis regímenes de fomento histórico vinculados al desarrollo rural, la ganadería y la producción alternativa en zonas desfavorables. Lo hizo a través del Decreto 408/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La medida implica la disolución de los regímenes de promoción de la ganadería ovina y de llamas, la actividad caprina, la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas, el fomento del búfalo de agua (Bubalus Bubalis), así como también del poco conocido pero vigente programa de producción del gusano de seda y su correspondiente registro nacional.
Además, fueron eliminadas las comisiones técnicas asesoras que acompañaban estos programas y el Consejo Federal Bubalino, todos organismos dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que estos regímenes fueron creados "en un escenario productivo, institucional e histórico muy diferente al actual" y que, bajo la lógica de la nueva ley de Bases, sus funciones resultan "redundantes o superpuestas", lo que justificaría su eliminación para una asignación "más racional y eficiente de los recursos públicos".
De qué programas se trata
Los regímenes eliminados no eran simplemente simbólicos: promovían el arraigo rural, el agregado de valor en origen, la ocupación del territorio en zonas marginales y el acompañamiento técnico y financiero a pequeños productores ganaderos.
Por caso, la Ley Ovina (25.422), vigente desde el año 2001, fue una de las herramientas de desarrollo más importantes para la Patagonia y otras regiones ganaderas marginales. Con fondos nacionales, financiaba proyectos para mejorar genética, infraestructura y manejo en establecimientos ovinos.
Lo mismo ocurría con el régimen para la actividad caprina, esencial para el sustento de economías campesinas en el noroeste argentino, o el régimen bubalino, orientado a diversificar la oferta cárnica y adaptarse a regiones con baja disponibilidad de agua.
Aunque en muchos casos los presupuestos asignados se fueron achicando con el tiempo y no todas las provincias implementaban los programas con el mismo empuje, para gran parte del sector eran estructuras estratégicas para sostener producciones no tradicionales.
La mirada oficial
El decreto se ampara en la Ley de Bases (27.742) recientemente sancionada, que delegó facultades al Ejecutivo para modificar, disolver o transferir organismos cuya continuidad no se considere esencial. Además, el Gobierno remarca que sigue vigente la obligación de cumplir con compromisos ya asumidos en el marco de esos regímenes hasta su derogación.
Con este movimiento, el oficialismo refuerza su objetivo de reducir la estructura del Estado bajo el lema de "libertad económica", aunque no está claro cuál será el impacto de estas decisiones en las zonas rurales más vulnerables.
Desde el sector ganadero y las provincias beneficiarias, se espera una fuerte reacción política e institucional, ya que varios de estos programas estaban respaldados por leyes sancionadas con amplio consenso y con participación activa de actores regionales.
