Un cuarto de los dólares generados por el campo argentino en los últimos 20 años no terminaron en inversión ni en reservas, sino que fueron al exterior o permanecen fuera del sistema financiero local. Así lo señala un informe de la consultora Idesa, dirigida por el economista Jorge Colina, que advierte sobre el impacto de la informalidad y la falta de confianza en las políticas económicas.
Entre 2003 y 2024, las exportaciones agropecuarias sumaron US$1,3 billones (ajustados por inflación estadounidense), pero alrededor de US$330.000 millones se fugaron o se guardaron "bajo el colchón".
"El fenómeno tiene impactos muy negativos sobre la economía. Las causas por las que los argentinos no invierten en proyectos productivos son varias, pero no caben dudas de que la actitud persecutoria del Estado la profundizó", sostiene el informe.
El sector agropecuario fue el gran protagonista de la economía en 2024, aportando 6 de cada 10 dólares que ingresaron al país. Entre sus principales productos exportados se destacan harina y aceite de soja, maíz, trigo y carne bovina, con ingresos proyectados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en US$30.800 millones.
Frente a este escenario, el Gobierno lanzó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que elimina regímenes de información sobre consumos menores y permite el uso de dólares no declarados sin penalidades, siempre que se destinen a consumo o inversión.
La medida busca monetizar el ahorro informal, fortalecer el circuito económico formal y sumar reservas, en un momento en que el BCRA no logra cumplir la meta de acumulación de divisas pactada con el FMI.
A pocas horas del anuncio, surgieron reclamos desde el sector agropecuario. En redes sociales, la presidenta de Coninagro Córdoba, Vanesa Padullés, escribió: "Mis productos agropecuarios, mis dólares, mi decisión. Fin", en una clara alusión a las presiones oficiales para que los productores liquiden divisas.
El mensaje fue acompañado por otros referentes rurales que cuestionan la diferenciación fiscal entre sectores.
Desde Idesa reconocen que las medidas van "en el sentido correcto", aunque advierten que deberían complementarse con controles inteligentes basados en la información disponible en los sistemas del Estado.
El foco está puesto en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), que maneja un presupuesto superior al de 18 provincias por coparticipación, pero destina el 91% a sueldos y gastos operativos, con muy poco margen para inversión tecnológica.
Además, el informe apunta a la necesidad de reformar la Unidad de Información Financiera (UIF) para cumplir con estándares internacionales en prevención del lavado de activos.
"Si el Estado quiere que los dólares del agro vuelvan a invertirse en el país, deberá ofrecer algo más que beneficios fiscales: deberá construir confianza", concluye el reporte.
