La posibilidad de tener este año un debate en el Congreso por la postergada ley de humedales se jugará este jueves la última chance. El plenario de comisiones volvió a ser convocado para intentar dar dictamen a un proyecto de ley que regule el uso de estos territorios, que representan más de un quinto del país.
"Régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales", es el rótulo de la cita.
"Vamos a buscar que haya dictamen", dijo el diputado por Santa Fe Marcos Cleri, miembro de las comisiones de Presupuesto y de Agricultura y Ganadería. Celebró que se haya logrado volver al debate con "la posibilidad de tener al fin una ley". Afirmó que el oficialismo "está trabajando con todos" para "lograr el máximo apoyo posible" al proyecto de consenso. Aunque asumió que todavía el final es abierto.
Por un lado, corre el texto que impulsa Leonardo Grosso (Frente de Todos), presidente de la comisión de Recursos Naturales. Es el que se nutrió del aporte de cientos de organizaciones ambientalistas y fuentes universitarias, y que había sido presentado en 2020 pero perdió estado parlamentario, frenado en comisiones. Es el mismo riesgo que se corre ahora. El domingo 20 el proyecto volverá a caerse si no encuentra antes despacho favorable hacia su media sanción, aunque podría ser prorrogado.
Ese es el proyecto denominado "de consenso", y encuentra su principal escollo en la mayoría de Juntos por el Cambio, el ruralismo y en los diputados que representan a las provincias del norte, cuyos gobernadores temen que la ley espante inversiones para la extracción de litio. Los operadores oficialistas negocian con gobernadores algunas concesiones para arrimarlos a esta posición. Esta dinámica legislativa ha puesto en pie de guerra al arco de espacios ambientalistas, que ya sospechan alguna declinación en el espíritu original de la norma.
Enfrente, el proyecto que sigue en pie es de la radical santafesina Ximena García. Tiene el respaldo de Juntos por el Cambio y el camino pavimentado para avanzar en el Senado, en caso de que obtenga dictamen de mayoría en la Cámara Baja. Esta iniciativa le confiere potestad a cada provincia, y no al Estado nacional, para realizar el inventario de cada territorio con humedales, su definición y tipología. Esta es la posición que defienden los agroganaderos y las entidades del ruralismo.
"No queremos impedir la actividad productiva, porque los humedales son ecosistemas donde se desarrollan actividades productivas, pero sí queremos ordenarlo", definió García.
El conteo de votos está empardado, por lo que hay sondeos con voces de minoría para engordar el consenso. En cuanto a la representatividad santafesina, allí están los dos socialistas del Interbloque Federal, Enrique Estevez y Mónica Fein, quienes hasta ahora se han pronunciado más cercanos al proyecto de consenso.
A grandes rasgos, lo que distingue a uno y otro proyecto es la definición técnica de lo que es un humedal. Según cada postura, eso determina que sea el 10% o el 20% del territorio del país sometido a regulación.
Además, el proyecto de consenso le otorga mayor peso y autoridad al Estado federal; mientras que el texto opositor asigna la tarea de inventariar y definir los humedales a cada provincia. Los ecologistas avizoran en ese detalle el origen del ecocidio en el delta inferior del Paraná, territorio donde tres provincias comparten jurisdicción sin coordinación ni plan de preservación.
