Los productores ganaderos de la Patagonia no se resignan a perder lo que consideran un logro sanitario histórico: su estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación. Y ahora apuntan sus esfuerzos al plano legal para evitar que la reciente Resolución 180 del SENASA -que flexibiliza el ingreso de carne con hueso a la región- tenga efecto real.
Según confirmó la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayén, ya se preparan al menos dos presentaciones claves: una administrativa a cargo de la Federación y otra judicial, compuesta por múltiples acciones de amparo que se presentarán en juzgados federales de Bariloche, Roca y Viedma, entre otros.
El fundamento central del reclamo se apoya en dos pilares. Por un lado, el riesgo sanitario. Los ruralistas aseguran que no es cierto que el riesgo de reintroducir la aftosa sea ínfimo, como sostiene SENASA. "Si fuera tan bajo, ya se habría dejado de vacunar en todo el país", advierten.
Por otro lado, apuntan a un posible vicio de procedimiento en la decisión oficial: alegan que el Gobierno no realizó las consultas públicas internas e internacionales que exige tanto una resolución del propio SENASA (la 756/2024), como la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, actualizada por la Ley Bases que impulsa el presidente Javier Milei.
Javier Perrote, productor y abogado de la Sociedad Rural de Guardia Mitre, confirmó que se está elaborando un recurso de amparo donde, además de los aspectos sanitarios, se expone la asimetría de costos entre producir carne en la Patagonia y en otras regiones del país. "No podés intervenir un mercado con una resolución que contradice una ley nacional. Eso es lo que vamos a defender", explicó.
La estrategia jurídica busca "freezar" el impacto de la Resolución 180 durante el tiempo que duren las acciones legales, incluso si eso implica llegar hasta la Corte Suprema. El objetivo es claro: mantener vigente la histórica barrera sanitaria que impide el ingreso de carne con hueso desde el norte del río Colorado.
