México y Bolivia se sumarán a la solicitud de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que la hoja de coca deje de ser considerada una sustancia ilegal, según confirmó la ministra de Justicia colombiana, Ángela María Buitrago.
El pedido, formulado esta semana por el gobierno de Gustavo Petro durante la Convención de Estupefacientes en Viena, busca que la comunidad internacional reconozca el valor cultural y medicinal de la hoja de coca y reevalúe su prohibición, impuesta en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
"Podemos ver cómo hay posibilidad de aliarnos y (...) de hacer incidencia para que muchos países entiendan la posición de Colombia, el análisis frente a las cosas que han dado resultados en esta guerra contra las drogas y las que no", señaló Buitrago en declaraciones a W Radio.
La propuesta ha abierto un fuerte debate en Colombia, primer productor mundial de cocaína. Bajo la gestión de Petro, se ha detenido la erradicación forzada de los cultivos, argumentando que los campesinos que los siembran son víctimas del narcotráfico. En su lugar, se ha fortalecido la estrategia de incautaciones para golpear directamente a las mafias.
Sin embargo, según un informe de la ONU, en 2023 Colombia alcanzó un récord histórico en la producción de cocaína, con 2.600 toneladas anuales, y la superficie cultivada aumentó un 10% en comparación con el año anterior.
El pedido también tiene un fuerte componente cultural. Para muchas comunidades indígenas de los Andes, la coca es una planta sagrada, utilizada ancestralmente en infusiones y en su forma masticada para aliviar el cansancio y el hambre. Bolivia ha sido uno de los países que más ha defendido esta postura en foros internacionales, argumentando que el consumo tradicional de la hoja de coca no debe ser criminalizado.
El respaldo de México y Bolivia refuerza la posición colombiana, pero la decisión de modificar la clasificación de la hoja de coca en el listado de sustancias prohibidas depende de un complejo proceso diplomático y regulatorio en la ONU.
Este debate forma parte de una creciente corriente internacional que cuestiona la efectividad de la guerra contra las drogas y plantea la necesidad de nuevas estrategias que diferencien entre el uso tradicional y el narcotráfico.
