El secretario de Agricultura nacional, Julián Echazarreta, explicó que si bien "a nadie le gusta la intervención", en relación a los rumores que indicaron que el Gobierno podría aumentar los controles en la comercialización de trigo, sostuvo que "si hay inseguridad alimentaria, da derecho a cualquier Estado a intervenir, cosa que por ahora no se hará".
Las declaraciones del funcionario fueron ayer en el marco de la 6° Mesa Nacional del Trigo, que se llevó a cabo en la localidad cordobesa de Leones y contó con la participación de distintos actores de la cadena y el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso.
En sintonía con la Casa Rosada, Echazarreta caratuló como "acto de responsabilidad social" el aprovisionamiento de trigo para el mercado interno y remarcó el elevado ritmo de comercialización de este cereal, con una exportación que adelantó sus compras de manera significativa en relación a los primeros días del año pasado. "Más allá de la tensión entre stock y demanda, el trigo sigue fluyendo", afirmó.
De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de trigo de la campaña 2019/20 fue de 18,8 millones de toneladas. Con este volumen de cosecha y ante rumores de aumento en las retenciones en los días previos a la asunción del entonces presidente electo Alberto Fernández, los exportadores se volcaron a comprar a una velocidad inusitada, tal como relevó la Bolsa de Comercio de Rosario.
De acuerdo a la entidad bursátil, mientras este sector adquirió unas 12 millones de toneladas, la molinería local lleva compradas unas 1,6 millones de toneladas.
Los molinos del mercado interno están preocupados ante esta situación, tal como expresó Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim), que fue contundente en cuanto a las prioridades de este sector. "La molinería necesita más oferta, necesitamos comprar trigo", advirtió.
El directivo calculó que "faltan comprar cuatro millones de toneladas" y aseveró que los rumores de intervención de este mercado "hacen que el que tenga un poco de trigo no lo quiera vender, hay que generar condiciones".
Por su parte, representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Cereales de Córdoba criticaron el actual nivel de derechos de exportación para el cultivo, que es del 12% y desde la mirada de estas entidades deberían eliminarse.
En este punto y mientras la Mesa de Enlace exige una reunión con el ministro de Agricultura Luis Basterra y amenaza con un cese de comercialización, Echazarreta estimó que "se ha sido coherente con la propuesta de dialogo" y agregó que la Ley de Solidaridad Social "establece alternativas para las economías regionales y el agregado de valor".
Además, explicó que "hay decisión de asumir las obligaciones, a las cuentas hay que ordenarlas".
Por Andres Lobato
