Argentina elevó este sábado las alícuotas de los derechos de exportación que el Estado cobra a las colocaciones de harina y aceite de soja del 31 al 33 %, productos del que el país es el primer exportador mundial, con cuya recaudación se fondeará un "fondo estabilizador del trigo" para estabilizar el precio que pagan los molinos.
Con la publicación del decreto 132, el Gobierno argentino creó el "Fondo Estabilizador del Trigo Argentino" con el objetivo de "estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos" y que será conformado como un fideicomiso compuesto por los recursos resultantes de la suba temporal de los derechos de exportación del aceite y harina de soja establecidos este mismo sábado.
Las medidas se enmarcan en la llamada "guerra contra la inflación" que Fernández anunció que comenzaría el viernes pasado y que consiste en medidas que se irán implementando y que sus ministros informarán diariamente.
Los precios al consumidor en Argentina se aceleraron en febrero último al 52,3 % interanual y al 4,7 % mensual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La inflación de febrero se vio impulsada por una fuerte subida en los precios de alimentos y bebidas, de 7,5 % mensual y 55,8 % en términos interanuales, empujando el coste de la cesta alimentaria y, por ende, impactando negativamente en los índices de pobreza e indigencia, ya muy altos en Argentina.
Fernández dijo en un discurso el viernes pasado que la inflación es un "fenómeno histórico" en Argentina que la guerra en Ucrania "agrava" por el aumento del precio de las materias primas y se refirió al aumento del precio del trigo que impacta en el precio del pan, los fideos, la harina para consumo interno.
RECHAZO DE LA INDUSTRIA
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) "rechazó" este sábado la suba de los derechos de exportación para la harina y aceite de soja al 33 %, al asegurar en un comunicado que "atenta contra la industrialización de la soja" en el país sudamericano.
CIARA señaló además que la suba de los derechos de exportación "no tiene legalidad" dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso y el decreto debe ser refrendado por una Comisión Bicameral, por lo que advirtió que las empresas agroexportadoras están "analizando todas las acciones judiciales para cuestionar la decisión".
La cámara dijo que la medida "desincentiva las exportaciones", al recordar que la harina y el aceite de soja representan un tercio de las exportaciones totales de Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de exportaciones totales del país.
Y consideró que el Gobierno argentino tenía decisiones alternativas para tomar, pero decidió subir las alícuotas de productos procesados que "no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional".
