En un contexto internacional cada vez más exigente con el uso de agroquímicos, Argentina volvió a poner en valor sus buenas prácticas agrícolas en uno de los foros globales más importantes sobre comercio y seguridad química.
CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos) y Agrocare Latinoamérica participaron activamente en la 12ª Conferencia de las Partes del Convenio de Rotterdam, realizada en Ginebra, Suiza.
Durante el evento, las entidades argentinas destacaron los sistemas de siembra directa, el uso de maquinaria de última generación y tecnologías AgTech que permiten controlar y reducir el uso de plaguicidas, posicionando a la región como un referente en prácticas responsables.
"Este encuentro reafirma el compromiso de la región con una producción agrícola sustentable, segura y competitiva", afirmó Daniel Mazzarella, coordinador técnico de CIAFA.
Uno de los logros más relevantes para Argentina fue la elección de la Dra. Eliana Munarriz como miembro del Comité de Revisión de Productos Químicos del Convenio (CRC), clave para garantizar la rigurosidad técnica y la objetividad en la toma de decisiones.
El Convenio de Rotterdam, firmado por más de 160 países, funciona como un sistema de alerta temprana que promueve el consentimiento previo fundamentado (CPF) para la importación y exportación de productos químicos peligrosos. Sin embargo, su interpretación ha generado preocupaciones entre los países productores.
Algunos Estados -como Ecuador- han prohibido directamente productos incluidos en el convenio. Además, certificaciones privadas como RTRS, Rainforest Alliance, Better Cotton Initiative y BONSUCRO también excluyen el uso de ciertos plaguicidas, generando un impacto significativo sobre las economías agrícolas latinoamericanas.
Por ello, la delegación latinoamericana abogó por decisiones basadas en ciencia y riesgo, no en criterios arbitrarios o ideológicos. Se remarcó que sin un abanico amplio de herramientas, es difícil enfrentar desafíos como la resistencia a herbicidas e insecticidas, afectando la sustentabilidad y la productividad.
La próxima reunión del Convenio está prevista para 2027, y hasta entonces, los países deberán presentar evidencia técnica y científica robusta que sustente las decisiones regulatorias.
