La cuenta regresiva ya comenzó. A menos de tres meses de que finalice la reducción temporal de los derechos de exportación dispuesta por el Gobierno nacional, el Congreso se convierte en escenario de una puja creciente: referentes de la oposición buscan instalar un marco normativo que evite la reactivación de las retenciones al agro.
En paralelo al anuncio presidencial de que las alícuotas volverán a sus niveles previos a partir de julio, el debate legislativo comenzó a tomar forma con múltiples propuestas orientadas a blindar al sector productivo frente a posibles virajes en la política tributaria.
Proyectos en marcha y un pedido de previsibilidad
Uno de los textos presentados más recientemente propone una reducción gradual de las retenciones hasta su eliminación en 2031. Impulsado por Melina Giorgi, diputada por Santa Fe, el proyecto prevé una baja escalonada del 20% anual, comenzando en enero de 2026. La iniciativa hace foco en la necesidad de brindar "reglas de juego claras" al sector productivo, ante un contexto que se muestra volátil y con señales contradictorias.
"La idea no es eliminar de forma abrupta los derechos de exportación, sino sustituir ese ingreso fiscal de manera ordenada", explicó la legisladora en diálogo con su entorno. En su propuesta también se contempla extender la reducción a otros sectores exportadores, para evitar un trato desigual que pueda perjudicar la competitividad del agro frente a otras ramas productivas.
Región Centro: bloque de gobernadores, frente común
En un movimiento coordinado, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos activaron su propia estrategia. En el Congreso, legisladores cercanos a sus gestiones presentaron un proyecto para impedir que el Ejecutivo pueda aumentar o reinstaurar retenciones sobre productos agropecuarios y agroindustriales durante 2024 y 2025.
"La producción regional no puede volver a cargar con el peso de políticas fiscales inconsistentes", señalaron desde el entorno de los mandatarios. A su vez, aseguraron que convocarán a una mesa ampliada con representantes de las entidades rurales para consolidar una posición común antes del tratamiento legislativo.
La soja, en el centro del conflicto
Según los parámetros actuales, hasta el 30 de junio rige una baja temporal en las alícuotas. Por ejemplo, la soja tributa un 26%, siete puntos menos que el 33% original. Pero si no media una modificación en el Congreso, todo volverá a su punto de partida el primer día de julio.
Ese escenario inquieta a productores y comercializadores, que enfrentan además un tipo de cambio exportador menos competitivo que el vigente antes de la flexibilización cambiaria. En este contexto, la liquidación de divisas del complejo agroexportador se mantiene por debajo de los niveles esperados, con ventas postergadas y escasa oferta en los mercados.
El FMI también puso el tema sobre la mesa
En su reciente informe técnico sobre la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a las autoridades a revisar la estructura tributaria y a avanzar hacia la eliminación progresiva de "impuestos distorsivos", entre ellos las retenciones. La sugerencia del organismo coincide con los planteos de las entidades rurales y de buena parte del arco opositor.
Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que la medida fue anunciada desde el inicio como "transitoria" y que responde a una necesidad de financiamiento fiscal en medio de un fuerte ajuste del gasto. En ese marco, insisten en que los productores aprovechen los actuales niveles de baja tributación antes de que se reviertan en el segundo semestre.
Expectativa rural: definiciones políticas o pulseada prolongada
Mientras tanto, el campo observa con atención cómo evoluciona el debate en el Congreso. Las entidades del agro han evitado confrontar directamente, pero no ocultan su preocupación por lo que consideran una "señal adversa" a la inversión y la producción.
En los próximos días se espera un pronunciamiento conjunto de las principales organizaciones rurales, en el que podrían exigir al Gobierno una prórroga del esquema vigente o incluso su conversión en una medida permanente, respaldada por ley.
El resultado de esta puja no solo impactará en el balance fiscal o en el precio de la soja. Lo que está en juego, advierten desde el interior, es la previsibilidad de una actividad que representa más del 60% del ingreso de divisas del país.
