La discusión sobre el futuro del INTA dejó de ser técnica y se volvió política. Mientras la Mesa de Enlace alerta sobre el riesgo de desmantelar uno de los pilares del sistema agropecuario argentino, el ministro Federico Sturzenegger parece decidido a avanzar con la tijera.
En una entrevista televisiva, el titular de la cartera de Desregulación defendió los recortes como parte de un rediseño estructural del Estado. "La planta del INTA se duplicó desde 2003, ¿alguien puede asegurar que el doble de personal significó el doble de innovación?", se preguntó. Y apuntó directamente a una cifra sensible: 6.000 empleados y 3.000 vehículos, en una estructura que, según dijo, requiere "revisarse sin prejuicios".
Pero lo que más ruido generó fue su afirmación sobre la relación entre el presupuesto del INTA y lo que el Estado recauda por retenciones al maíz. Con una retención del 9 al 12%, argumentó que el dinero que se lleva el organismo podría representar hasta la mitad de ese ingreso tributario. "Es un número que no se puede ignorar", deslizó.
Lejos de buscar consensos, Sturzenegger abrió otro frente: dijo que la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) "ya financia su propia innovación" y contrata ingenieros que antes trabajaban en el INTA. "Usan el sistema Chacras. Muchos productores ya no esperan más del INTA", disparó.
Desde el propio organismo, que preside Nicolás Bronzovich, aún no respondieron públicamente, pero la incomodidad es evidente. El campo, mientras tanto, sigue reclamando respeto por la autarquía, gobernanza y estructura federal del INTA. "Esto no va en contra de nadie", cerró Sturzenegger. Pero en la trinchera agropecuaria, muchos ya lo sintieron como un ataque directo.
