Con la siembra de trigo a la vuelta de la esquina, este 2025 no solo se define una nueva campaña agrícola, sino también el termómetro de la confianza entre el Gobierno y el campo. En medio de un clima de incertidumbre, una medida concreta podría inclinar la balanza: eliminar las retenciones al cereal, con un costo fiscal bajo y un potencial productivo enorme.
El presidente Javier Milei adelantó que, de no mediar cambios, el actual esquema de derechos de exportación (9,5%) volvería en julio al 12%. Para muchos productores, sembrar hoy con un costo tributario que cambiaría en plena cosecha representa un golpe a la planificación y un riesgo difícil de asumir.
En los despachos oficiales, hasta ahora, no hay señales de que se estudie aliviar la presión sobre el cereal. Más aún, desde el Ejecutivo advierten que cualquier movimiento que comprometa el superávit fiscal podría ser vetado. Sin embargo, la dirigencia rural insiste: un pequeño gesto podría traducirse en una gran cosecha de confianza.
Un informe de la consultora AZ Group ilustra el escenario: con 12% de retenciones, el margen neto en campos alquilados se derrumba a cero. Con 9,5%, apenas 23 dólares por hectárea. Pero con retenciones eliminadas, los márgenes treparían a 113 dólares, en una de las principales zonas trigueras como Adolfo Gonzales Chaves.
La diferencia es aún más contundente si se considera el doble cultivo trigo-soja de segunda, donde el margen pasaría de 72,5 dólares (con 12% de DEX) a 185 dólares (sin retenciones).
¿El impacto fiscal? Relativamente bajo: cerca de 300 millones de dólares, una cifra marginal en el contexto de una cosecha estimada en 20 millones de toneladas. Para Ernesto Ambrosetti, economista agropecuario, el Estado asumiría un "costo irrelevante" frente al enorme beneficio de revitalizar al sector.
Los analistas advierten que, con costos de implantación cercanos a los 950 dólares por hectárea, los márgenes son extremadamente sensibles a cualquier cambio en precios o clima. Una señal positiva ahora no solo alentaría la siembra: sería un mensaje de política de Estado hacia un agro que sigue siendo motor de desarrollo y fuente vital de divisas.
En un año donde el trigo puede marcar un nuevo capítulo para la relación entre el campo y el Gobierno, la oportunidad está sembrada. Solo falta decidir si se la deja florecer.
