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Productores autoconvocados realizaron una asamblea y no descartaron "volver a las rutas"

Son del norte de Buenos Aires. Elevaron un documento a la Mesa de Enlace. Piden que se declare a la zona como desastre agropecuario por la sequía. También se habló de retenciones y de unificación del tipo de cambio.

Guerrico, localidad del norte de la provincia de Buenos Aires y muy cercana a Pergamino, fue el último piquete que se levantó hace 15 años atrás en el conflicto por la resolución 125, que enfrentó al campo con el Gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles. Hoy fue nuevamente sede de una asamblea de productores autoconvocados de Ramallo, San Nicolás y Pergamino, en medio de una dramática situación de sequía que atraviesa a las diferentes producciones.

La reunión de autoconvocados se realizó en horas de la mañana, en la intersección de las rutas 188 y camino a La Violeta, y coincidió con la finalización del plazo que las entidades del campo otorgaron al Gobierno semanas atrás para que se instrumentan las ayudas extraordinarias que el sector agropecuario están reclamando para enfrentar el escenario climático adverso. Al respecto, los productores que formaron parte de la asamblea, señalaron en un documento que "se puso en discusión un estado de alerta con posibilidad de volver a las rutas". 

El malestar, además de atribuirse a la falta de asistencia del Estado por la sequía, es como consecuencia de todo este proceso de desencuentros que ha tenido el sector con el oficialismo, por la puesta en marcha de políticas públicas que no lograr mejorar la competitividad de la producción primaria.

Tras la realización de un breve recordatorio por los 15 años que se cumplieron el pasado sábado del inicio del reclamo del campo por la 125 y homenajear a los productores que participaron del mismo y que lamentablemente fallecieron, se inició la asamblea donde los reclamos que se expresaron reflejan el gran malestar que hay en la producción. 

En el documento final de la reunión, se solicitaron, como medidas urgentes, la inmediata declaración al norte de la provincia de Buenos Aires como zona de desastre agropecuario. Los especialistas y analistas reconocen que esa región del país es una de las más afectadas por la ausencia de precipitaciones.

También se pidió la eliminación de los derechos de exportación, la unificación del tipo de cambio y subsanar la intervención en los mercados, que actualmente rige con la prohibición para exportar los siete cortes vacunos que más consumo tienen en el mercado interno y los volumen de equilibrio que limitan la comercialización al mundo de maíz y trigo. Los autoconvocados plantearon estas tres inquietudes con el objetivo de devolverle al productor viabilidad a la actividad en la próxima campaña.

Próxima campaña

De cara a la próxima campaña, que advirtieron los productores se presenta compleja desde lo climático y también por el aumento de costos, la financiación será clave. Por tal motivo, pidieron líneas de créditos blandas al menos de tres años con uno de gracia, para afrontar los compromisos contraídos y hacer frente a la próxima campaña.

"La idea de la asamblea fue unificar criterios y organizar los pasos a seguir, donde será clave la mayor participación posible de los productores. hoy deberíamos ser muchos más productores en esta asamblea y para eso tenemos que dialogar con cada uno de ellos para que entiendan la importancia que es la movilización y el reclamo. Estamos en un momento muy difícil, no hay soluciones a los problemas y de alguna manera tenemos que hacer visible nuestra situación", dijo Ariel Bianchi, uno de los productores que organizó la asamblea, quien no descartó sumar a otros sectores a la protesta como aliados, como por ejemplo a los transportistas.

Durante la asamblea se escucharon críticas al Gobierno por la falta de medidas por la sequía, la elevada presión impositiva y la escasez de soluciones que se plantean desde la Ley de Emergencia Agropecuaria. "Esa normativa no sirve para nada", señaló un productor durante la reunión, y por otro lado se quejó de la burocracia estatal que frena la puesta en marcha de medidas que necesita el sector.