El viernes pasado, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje informaron en un comunicado que "no se tomarán cabos ni se realizarán ingresos en ningún puerto de nuestro país, a todo buque que no haya cumplido con la cuarentena (14 días) desde el último puerto de zarpada, ya sea en navegación o fondeados y proveniente del exterior".
La medida implicaba una total paralización en los puertos. Después, emitieron una nota aclaratoria diciendo que si los barcos de importación venían con insumos médicos podían brindar servicios.
De acuerdo a la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la medida gremial ya provocó la detención de un barco de Brasil para cargar 30.000 toneladas de maíz para Perú. Esto ocurrió en Timbúes, Santa Fe.
"Esto ya está ocasionando hoy detenciones de barcos para cargar mercadería", alertaron las entidades. Agregaron que en los próximos días están previstos 17 barcos para cargar. Por la medida que impuso el Somu en 14 días el costo promedio de la detención de un barco rondaría los US$2 millones.
Todas estas complicaciones se suman a que en unos 90 municipios del país se limita la circulación al transporte de cargas de camiones. Como informó LA NACION, a los puertos cerealeros del Gran Rosario ya bajó en casi 60% el ingreso de camiones .
Por la decisión de los gremios que detiene la carga de barcos las entidades mandaron una carta al ministro de Transporte, Mario Meoni. Allí le expresan la preocupación por estas trabas para el comercio.
"El impedimento de operaciones de buques en todos los puertos del país puede generar en los próximos días (más aun con el inicio de la cosecha gruesa del país) una parálisis de la comercialización de granos, subproductos y biocombustibles, para la industria nacional de consumo así como para la exportación", señalan.
Le piden actuar para evitar más problemas. En este contexto, también hay un conflicto con los recibidores de granos nucleados en Urgara. Decretaron un paro pero el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Según los exportadores, en algunos lugares igual aplican quite de colaboración.
También hay serias complicaciones para los productores que viven en una provincia y tienen que desplazarse a otra donde tienen campos o alquilan. En Tucumán, por ejemplo, los productores afrontan inconvenientes con Santiago del Estero, donde los municipios traban la circulación. La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) presentó un pedido de amparo para que no se afecte la actividad .
