Con una nueva Ley de Semillas empantanada desde hace años en el Congreso, las empresas semilleras decidieron avanzar por cuenta propia para cobrar las regalías que reclaman por la propiedad intelectual de sus desarrollos biotecnológicos. Así nació "Sembrá Evolución", una plataforma que permite comercializar las nuevas variedades de soja y trigo mediante contratos privados con productores.
Pero esta modalidad no está exenta de polémica. Esta semana, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su "suma preocupación" por el contenido de dichos contratos, que a su entender incluyen "cláusulas gravosas y obligaciones excesivas" para los productores.
"Firmar sin asesoramiento jurídico puede comprometer seriamente su actividad y generar consecuencias económicas graves", advirtió la entidad en un comunicado.
Los puntos más cuestionados por CRA
Entre los aspectos más críticos de estos contratos, CRA detalló:
Doble pago por aporte genético: el productor paga tanto al adquirir la semilla fiscalizada como al reutilizar grano propio.
Límites productivos restrictivos: se fijan topes de 3.000 kg/ha para soja y 4.000 kg/ha para trigo. Los excesos se penalizan con cargos adicionales.
Auditorías e inspecciones irrestrictas: se permite el acceso sin aviso previo a los lotes, y se exige declarar hectáreas y variedades sembradas.
Multas desproporcionadas: las infracciones pueden implicar multas automáticas del 400% del valor de la semilla.
Renovación indefinida del contrato: la licencia se renueva automáticamente con cada resiembra, sin posibilidad clara de finalización.
Cesión masiva de datos personales: los contratos habilitan a compartir datos sensibles con terceros, tanto públicos como privados.
Llamado a la precaución
Ante este escenario, CRA instó a todos los productores a leer detenidamente cada cláusula, en especial aquellas vinculadas a aportes, inspecciones, penalidades y manejo de datos, y no firmar contratos sin asesoramiento legal especializado.
