La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) aseguró mediante un comunicado su disposición de "ir hasta las últimas consecuencias" en caso de que la Mesa de Enlace no modifique su actitud frente a la revisión de la paritaria sectorial.
El sindicato exige que se sustancia la cláusula de revisión pautada para el mes de enero para negociar el último tramo del período paritario 2022-2023. En agosto se había activado ese mecanismo que permitió llevar los aumentos hasta diciembre por un equivalente al 70%. Allí se estipuló que en el primer mes de este año se realizaría una nueva reunión para actualizar los haberes en función de la evolución de las variables económicas.
Sin embargo, los representantes de la Mesa de Enlace dilataron el proceso y, en una última instancia, pidieron un cuarto intermedio hasta el 14 de febrero.
En medio de estas negociaciones las patronales agrarias forzaron una reunión con los ministros de Economía y Agricultura, Sergio Massa y Juan José Bahillo, para reclamar medidas tendientes a paliar los efectos de la sequía en la producción agropecuaria.
En solo una semana obtuvieron gran parte de lo que esperaban. El gobierno anunció la creación de fondo de asistencia por un monto de $5 mil millones así como una serie de beneficios impositivos y crediticios que implican un gasto tributario total por un monto equivalente a los $65 mil millones.
Además, las "mesas de trabajo" que se desarrollaron durante una semana con autoridades de la AFIP y el Banco Nación derivaron en medidas como la suspensión de los anticipos del Impuesto a las Ganancias, la suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes y la refinanciación por 360 días de créditos vigentes especialmente con la banca pública. El Banco Nación destinará una partida de $50 mil millones para ofrecer créditos blandos (con una tasa 15 puntos por debajo del mercado) para que productores agropecuarios financien arriendos para la próxima campaña, capital de trabajo y compromisos comerciales.
Además, consiguieron la desafectación del cálculo de Ganancias de las ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía favoreciendo a unos 4200 productores en todo el país y la reclamada derogación de la resolución del BCRA que incrementa el costo financiero de los productores de soja.
El alivio fiscal y financiero obtenido, sin embargo, no ayudó a modificar la actitud de las patronales agrarias con relación a sus propios trabajadores que reclaman el "urgente tratamiento de la cláusula de revisión". «Sabemos las dificultades que enfrentan muchos compañeros y quiero que sepan que vamos a ir hasta las últimas consecuencias», avisó José Voytenco, su secretario General.
Desde el gremio plantearon su malestar con la Mesa de Enlace, que nuclea a los principales empleadores, porque, a pesar de los constantes reclamos de la organización, mantuvieron una «absurda e incomprensiva negativa». La última dilación hasta el 14 de febrero, en palabras de la UATRE, "fue lo que colmó la paciencia del gremio".
Voytenco manifestó que «estamos intentando por todos los medios posibles obtener un incremento salarial que ayude a las familias rurales a paliar la inflación que día a día reduce su poder adquisitivo", porque, detalló, "con una inflación anual del 94,8% en 2022 no pueden esperar que nos quedemos de brazos cruzados, necesitamos un refuerzo de lo que fue la paritaria obtenida en agosto del año pasado».
La paritaria en curso impacta de manera directa sobre los trabajadores rurales permanentes de prestación continua comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la Ley 26 727.
Según datos de la Cuenta de generación de ingresos e insumo de mano de obra del INDEC, se trata de 328 mil trabajadores. A la vez, la misma fuente identifica 594 mil trabajadores rurales sin relación de dependencia cuyos haberes no se actualizan a partir de las negociaciones paritarias. Son el 65% de la fuerza de trabajo rural.
